El Gobierno apunta a impulsar la sustitución gradual de las cocinas a gas por equipos eléctricos y de inducción en unos 860.000 hogares paraguayos, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética, reducir la dependencia de las importaciones de gas licuado de petróleo (GLP) y aprovechar la generación eléctrica renovable del país. La estrategia prevé una implementación gradual en un plazo de 46 meses y contempla ahorros de hasta G. 1.223.371 anuales para los usuarios de la Tarifa Social de la ANDE.
En entrevista con Radio 1000, el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, explicó que la iniciativa responde principalmente a la necesidad de reducir la dependencia de combustibles importados y garantizar una mayor seguridad energética para Paraguay ante eventuales dificultades en el abastecimiento internacional.
“Antes que nada, lo que vemos es la seguridad energética. Nosotros tenemos dependencia de otros países para el consumo de GLP”, señaló el funcionario, al advertir que situaciones que afecten las rutas internacionales de transporte podrían complicar la importación de este combustible.
Bejarano indicó que el presidente de la República, Santiago Peña, dispuso la elaboración de un estudio para evaluar la sustitución progresiva de las cocinas a gas por tecnologías eléctricas, entre ellas las de inducción, además de hornos eléctricos.
Según explicó, la propuesta tiene varios objetivos: aprovechar la energía renovable generada en el país, disminuir la dependencia de los hidrocarburos importados y promover un uso más eficiente de la electricidad disponible.
“Para nosotros significa la utilización de una energía limpia y renovable, no tener dependencia de otros países y darle una mejor utilización a nuestra energía”, sostuvo.
Ahorro para los hogares y transición gradual
El estudio fue elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Minas y Energía (VMME), y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De acuerdo con el análisis, cocinar con electricidad podría representar un ahorro anual de hasta G. 826.980 con la tarifa normal de la ANDE, mientras que los usuarios de la Tarifa Social podrían ahorrar hasta G. 1.223.371 al año.
El plan contempla una transición progresiva durante aproximadamente cuatro años, con el objetivo de alcanzar a los 860.000 hogares que todavía utilizan GLP para cocinar, equivalentes al 49% de las viviendas del país, según los datos citados en el documento.
Bejarano señaló que el cambio ya comienza a observarse en el mercado inmobiliario, donde los nuevos edificios incorporan cada vez más cocinas de vitrocerámica y hornos eléctricos. Esta tendencia también se refleja en las importaciones de equipos de cocción eléctrica y en la disminución de la demanda de productos a GLP.
“Esto queremos potenciar, que aumente y que haya una mayor inserción de estas tecnologías”, manifestó.
Cambiar los hábitos de consumo
El viceministro reconoció que uno de los desafíos será promover la aceptación de estas tecnologías entre las familias paraguayas, acostumbradas durante años a cocinar con gas.
En ese sentido, consideró necesario demostrar que la preparación de alimentos mediante equipos eléctricos o de inducción permite conservar el sabor de las comidas, además de familiarizar a los usuarios con el funcionamiento de estos dispositivos.
“Tenemos que tener el convencimiento pleno de que el sabor del alimento es el mismo, tanto con una forma de cocción como con otra”, expresó.
La estrategia también contempla mecanismos para facilitar la compra de los equipos, como créditos blandos, pagos en cuotas a través de la factura de la ANDE y bonos por la entrega de cocinas a gas y garrafas. A esto se sumarán campañas de comunicación, capacitaciones y demostraciones culinarias.
Cuatro etapas de implementación
El plan prevé un despliegue en cuatro fases, con una duración total de 46 meses. La primera estará dirigida a hogares de ingresos medios y altos de Gran Asunción y Central, mientras que la segunda ampliará el alcance a todos los segmentos económicos de esa zona.
La tercera etapa abarcará los departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú. Finalmente, la cuarta fase extenderá la iniciativa al resto del territorio nacional.
Además de los beneficios económicos para las familias, la propuesta busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer el aprovechamiento de la matriz eléctrica paraguaya, cuya generación proviene de fuentes renovables.
El documento incluye 13 recomendaciones de política pública, entre ellas ajustes a las bandas de la Tarifa Social, fortalecimiento de las normas técnicas de los equipos y planificación de inversiones en la red de distribución eléctrica para acompañar el aumento de la demanda.
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