La situación que atraviesa ITTI S.A.E.C.A. está teniendo repercusiones que van más allá del ámbito empresarial y tecnológico, alcanzando también a trabajadores de distintas unidades de negocio y marcas comerciales vinculadas a su estructura, entre ellas la plataforma de delivery Monchis.
A través de un comunicado difundido en un flyer, un grupo de familias y trabajadores afectados expresó su preocupación por las consecuencias laborales y económicas derivadas de la situación judicial que involucra a la estructura empresarial relacionada con ITTI S.A.E.C.A. Según manifestaron, esta situación está afectando directamente el cumplimiento de las obligaciones salariales y generando incertidumbre entre cientos de trabajadores.
El reclamo pone especial énfasis en la situación de los colaboradores de Monchis, quienes, de acuerdo con el documento, figuran bajo la nómina de ITTI S.A.E.C.A. Esta vinculación administrativa y laboral hizo que las medidas que afectan a la sociedad también repercutan sobre sus ingresos y su estabilidad laboral.
Los afectados sostienen que las consecuencias de una investigación judicial no deberían recaer sobre trabajadores que no tienen responsabilidad en los hechos investigados. En ese sentido, aclaran que no buscan obstaculizar las investigaciones ni impedir que se determinen eventuales responsabilidades, sino evitar que el proceso termine perjudicando a personas que dependen de sus salarios para sostener a sus familias.
Uno de los puntos más sensibles del planteamiento es la dimensión del impacto económico y social que podría generar la paralización o el deterioro de las operaciones comerciales.
El comunicado señala que más de 900 repartidores y más de 1.000 comercios adheridos también estarían afectados por esta situación. Detrás de estas cifras, los trabajadores advierten que existen numerosas familias cuyos ingresos dependen del funcionamiento de la plataforma y de las actividades comerciales relacionadas.
Ante este escenario, los afectados solicitan la intervención del Ministerio de Trabajo para verificar los salarios pendientes, garantizar la protección de los derechos laborales y exigir respuestas concretas e inmediatas.
Asimismo, piden al Ministerio Público y al Poder Judicial que evalúen mecanismos legales que permitan garantizar el pago de las remuneraciones y preservar la continuidad de aquellas actividades comerciales que todavía puedan operar, sin interferir con los fondos necesarios para el desarrollo de las investigaciones.
Entre las alternativas planteadas también figura la posibilidad de analizar procesos legítimos de adquisición, transferencia o reestructuración de las unidades de negocio, siempre bajo control judicial y dentro de las posibilidades que establece la legislación, con el objetivo de preservar los puestos laborales.
Los trabajadores insisten en que la investigación de eventuales irregularidades y la protección de los derechos laborales no son objetivos incompatibles. Consideran que las autoridades deben encontrar mecanismos que permitan avanzar con los procedimientos judiciales sin dejar desprotegidas a las personas que dependen de estas actividades económicas.
«Monchis necesita seguir operando. Sus trabajadores necesitan cobrar y sus familias necesitan respuestas, no silencio», expresa uno de los mensajes centrales del comunicado.
Finalmente, las familias y los trabajadores afectados solicitan a los medios de comunicación que den visibilidad a la situación y exhortan a las instituciones competentes a establecer una respuesta clara, urgente y transparente.
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