Una serie de operaciones crediticias bajo sospecha puso en el centro de la polémica a la sucursal del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) de Fram, en el Departamento de Itapúa. Varios clientes denunciaron que figuran como titulares de préstamos que nunca solicitaron o que no recibieron en su totalidad, mientras sus deudas continúan acumulando intereses.
De acuerdo con los testimonios, se habrían utilizado documentos personales de antiguos solicitantes de créditos para tramitar nuevas operaciones sin su consentimiento. En algunos casos, los afectados aseguran que aparecen desembolsos que nunca llegaron a sus manos y pagarés con firmas que desconocen.
El caso tomó estado público luego de que varias personas acudieran a la Policía para denunciar las irregularidades. El concejal municipal de Fram, ingeniero Luis Gadek, estimó que el perjuicio económico ya alcanzaría los Gs. 200 millones. Hasta ahora se habrían radicado cuatro denuncias en la Comisaría 10ª, aunque el número de afectados podría llegar a diez.
Ante la gravedad de las acusaciones, las autoridades del CAH dispusieron la intervención de la sucursal y el inicio de sumarios administrativos contra los funcionarios presuntamente involucrados, quienes fueron apartados de sus funciones.
Entre los casos denunciados se encuentra el de una familiar del concejal Luis Gadek, quien había iniciado los trámites para obtener un préstamo de Gs. 10 millones. Sin embargo, al no recibir respuesta durante 20 días, decidió desistir de la operación.
La sorpresa llegó posteriormente, cuando le comunicaron que el crédito había sido aprobado por Gs. 14.700.000, un monto superior al que había solicitado. Según la denuncia, la mujer nunca firmó los documentos necesarios para concretar ese préstamo ni recibió el dinero.
Pese a que realizó gestiones para devolver los fondos mediante una operación bancaria, posteriormente constató que el crédito seguía activo y que la deuda ya rondaría los G. 15 millones.
Otro de los testimonios corresponde a Samuel Carrera y su esposa, Gabriela, quienes aseguran que actualmente figuran con una deuda cercana a los G. 41 millones, incluidos los intereses, pese a que sostienen que nunca solicitaron ese préstamo.
Carrera relató que el 11 de septiembre recibió un mensaje de quien entonces era su oficial de crédito, Romina Villalba. Según explicó, la funcionaria le comunicó que se habría producido un error en Tesorería y que G. 40 millones habían sido depositados en su cuenta bancaria.
Ante esa situación, el hombre aseguró que acudió ese mismo día a realizar los procedimientos indicados para devolver el dinero. Según su versión, retiró los fondos y efectuó tres depósitos bancarios, sin utilizar el dinero para beneficio personal.
Sin embargo, tiempo después descubrió que el préstamo continuaba registrado a su nombre y que existía un pagaré con firmas que, según denunció, no corresponden ni a él ni a su esposa.
«Falsificaron mi firma y la de mi señora», afirmó Carrera, al describir la situación que hoy los enfrenta a una obligación millonaria que aseguran no haber contraído.
Mario Quintana es otro de los afectados que decidió hacer pública su situación. Según relató, había solicitado un crédito de Gs. 10 millones, pero solamente llegó a retirar Gs. 4.750.000.
El dinero restante debía ser entregado posteriormente. No obstante, cuando regresó para completar el retiro, recibió la información de que el préstamo ya había sido desembolsado en su totalidad.
Ahora, Quintana asegura que figura ante el Crédito Agrícola con una deuda de aproximadamente Gs. 15 millones, pese a que sostiene que nunca recibió la totalidad del crédito.
Fuente: El Barroco Multimedios
























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