El contralor general de la República, Camilo Benítez, confirmó que la Contraloría amplió sus requerimientos de información e incluyó en las verificaciones a Leticia Ocampos, esposa de Santiago Peña; a sus hijos, Gonzalo y Costanza Peña, y a su nuera, Serenella Argaña. La medida busca establecer si alguno de estos familiares posee bienes que, en realidad, podrían formar parte del patrimonio del expresidente.
Benítez aclaró que los hermanos del expresidente, Manuel y Francisco Peña Palacios, todavía no están siendo objeto de verificaciones por parte de la Contraloría.
La nueva revisión apunta a cubrir un periodo que quedó fuera del anterior examen de correspondencia de bienes, específicamente desde octubre de 2025 hasta la fecha. Además, la institución busca reconstruir los movimientos financieros relacionados con un préstamo que Peña habría obtenido de Ueno Bank, comprobar si fue cancelado y determinar si existen indicios de lavado de dinero.
«Hay un tiempo que no fue verificado que es de octubre del 2025 hasta la fecha y ese es el tiempo que queremos ver el movimiento financiero del expresidente. A ver si podemos ir hacia el préstamo porque él había retirado un préstamo de Ueno. Hay que ver si pagó el préstamo o si hay indicios de lavado de dinero. Queremos agotar este plazo de un año que no fue alcanzado por el examen de correspondencia anterior», mencionó.
El contralor señaló que solicitaron a las instituciones correspondientes remitir la información requerida en un plazo máximo de 48 horas. La medida busca acelerar el proceso, teniendo en cuenta que los pedidos de informes pueden demorar varios meses. Según Benítez, la intención es concluir las verificaciones antes de finalizar el año, al igual que la auditoría que actualmente llevan adelante en el Banco Central del Paraguay (BCP).
Defensa del anterior examen de correspondencia
Por otra parte, Benítez defendió el trabajo realizado por la Contraloría en el anterior examen de correspondencia de bienes de Santiago Peña y sostuvo que el procedimiento se ajustó a las atribuciones legales de la institución.
En ese sentido, aclaró que el examen no constituye un certificado de honestidad ni permite descartar hechos de corrupción que no puedan ser detectados a través de documentos oficiales.
«El examen de correspondencia no otorga un certificado de honestidad. Es una verificación documental, contrasta las declaraciones juradas entre sí y verifica que el crecimiento patrimonial declarado tiene trazabilidad y respaldo con documentos oficiales. El enriquecimiento de verdad, que a mí y a mi equipo siempre nos han cuestionado que nunca se verificó, es lo que generó Peña en el sector privado. Nosotros no tenemos legitimidad para hacer una investigación sobre el enriquecimiento de personas fuera de la función pública», puntualizó.























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