El abogado Robert Marcial González realizó un duro análisis sobre las consecuencias políticas, económicas e institucionales de la crisis financiera desatada tras el colapso de Ueno Bank. Sostuvo que el episodio deterioró aún más la imagen internacional de Paraguay, puso en cuestionamiento el discurso de país atractivo para las inversiones y evidenció graves falencias en las instituciones del Estado.
En entrevista con Radio 1000, González afirmó que la dimensión de los acontecimientos superó incluso los escenarios más negativos que podían imaginarse. Consideró que uno de los principales daños fue la consolidación de la percepción de Paraguay como uno de los países más corruptos del mundo.
«Estos episodios no hicieron otra cosa sino consolidar la imagen de Paraguay como uno de los países más corruptos del mundo», expresó.
El profesional cuestionó duramente al gobierno de Santiago Peña y a los sectores políticos que respaldaron su gestión, particularmente al entorno de Honor Colorado. A su criterio, los acontecimientos dejaron al país en una situación internacional comprometida y echaron por tierra las expectativas de una mejora institucional.
También puso en duda el discurso oficial que presenta a Paraguay como un paraíso para las inversiones, con la estabilidad macroeconómica como principal fortaleza. Sostuvo que esos indicadores pierden relevancia cuando no se traducen en mejores condiciones de vida para la población.
«Mientras esa macroeconomía no derrame en la gente común y no mejore la calidad de vida de los paraguayos, el negocio sigue siendo de la misma gente», cuestionó.
Graves cuestionamientos a las instituciones
González consideró que otro de los efectos más preocupantes de la crisis es el retroceso en materia de institucionalidad. Afirmó que los acontecimientos expusieron una presunta complicidad en distintos niveles del Estado, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
No obstante, el abogado también identificó algunos aspectos positivos dentro del complejo escenario. Destacó que la crisis permitió dimensionar el trabajo de sectores de la oposición que venían realizando denuncias y cuestionamientos sobre situaciones que ahora forman parte del debate público.
En ese sentido, valoró la labor de legisladores y organizaciones de la sociedad civil que, según indicó, mantuvieron una postura crítica y alertaron sobre posibles irregularidades.
Finalmente, resaltó el protagonismo de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, en las movilizaciones y acciones de vigilancia sobre el manejo de la crisis.
A su criterio, la población volvió a ejercer el control ciudadano desde las calles, como ocurrió en otros momentos decisivos de la historia constitucional del Paraguay, y permanece en estado de alerta frente a los acontecimientos políticos e institucionales.
























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