Las investigaciones por la toma militar ocurrida el pasado 26 de junio en Bolivia incluyen hasta el momento a 24 personas y se ampliaron a otros tres delitos además de alzamiento armado y terrorismo, informó el sábado la Procuraduría General del Estado (PGE).
“Al presente y transcurridos diez días desde la apertura de la etapa preliminar de investigación, el Ministerio Público ha emitido seis imputaciones formales, las cuales a su vez motivaron la imposición de medidas cautelares de carácter personal en contra de 24 personas”, señala un comunicado de prensa de la PGE.
La entidad encargada de la defensa del Estado detalló el listado de los investigados, entre los que están el destituido comandante del Ejército Juan José Zuñiga y otros exjefes militares, además del supuesto “ideólogo” del alzamiento, el civil Aníbal Aguilar, que era asesor del despacho del Ministerio de Defensa.
A los delitos de alzamiento armado y terrorismo bajo los que se abrió la investigación se sumaron las figuras de “atentados contra la seguridad del presidente y otros dignatarios de Estado”, “destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional” y “uso indebido de bienes y servicios públicos”, precisó.
La Procuraduría agregó que este caso será “un mensaje contra la impunidad y la no repetición de la comisión de gravísimos delitos que atentan contra la soberanía popular, la seguridad externa y orden interno del país”.
En esta jornada también se conoció que la Justicia decidió revocar la detención domiciliaria con la que se benefició Aguilar, de 71 años, y lo envió con detención preventiva por cinco meses a la cárcel de San Pedro en La Paz.
Fuente: EFE
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