La Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa, Argentina, pidió a la Secretaría de Ambiente de ese país que impulsen las acciones para investigar, determinar y cuantificar los impactos negativos aparentemente de las numerosas arroceras ubicadas en el Departamento de Ñeembucú y otras de este lado del río Paraguay, que desde hace meses y en la actualidad, supuestamente vienen quitando agua del afluente.
El director general de Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), David Fariña, en entrevista con Radio 1000, confirmó que la institución ya está al tanto del reclamo y mencionó que como primera medida se dispuso la verificación y monitoreo de los emprendimientos arroceros instalados a lo largo de la ribera del cauce hídrico.
Aclaró que la mayoría de las fincas que se dedican al rubro deben contar con su propio reservorio de agua para operar, teniendo en cuenta que la actividad en sí requiere el empleo de grandes cantidades del vital líquido.
“La mayoría de las empresas arroceras del Paraguay pasan por un control de impacto ambiental”, acotó.
