Por Robert Marcial González
Las devaluadas democracias del tercer mundo comparten muchos lugares comunes: fragilidad institucional, violencia estructural, desprecio hacia las reglas de juego y hacia la cosa pública (res — pública), cultura política marcada por la prebenda, el servilismo y la obsecuencia, vigencia de la lógica schmittiana “amigo — enemigo”, capitalismo de secuaces, Poderes Judiciales orgullosamente sometidos y entregados a la clase política, Cortes Supremas y Parlamentos actuando como brazos ejecutores de la facción de poder de turno, etc.
De ese modo, con alarmante frecuencia, los actos de fuerza y de prepotencia cometidos sea por quienes ejercen el poder público, sea por las aplanadoras mayoritarias, sea por los aparatos ideológicos que representan los intereses de los poderes fácticos, suelen imponerse e incluso blanquearse merced a la complicidad de los sicarios políticos que copan los cargos de relevancia en la estructura orgánica del Estado.
Si bien en el contexto coyuntural que vive el Paraguay se multiplican los ejemplos que confirman lo afirmado precedentemente, en esta ocasión, vamos a centrarnos exclusivamente en la ley que acaba de ser impuesta a punta de garrote por la facción cartista y que busca, indisimuladamente, justificar la persecución a disidentes y anular los conductos previstos para que la ciudadanía organizada participe y controle a la clase dirigente. La ley votada por la facción cartista fue presentada bajo el título de Ley de “Control, transparencia y rendición de cuentas de las Organizaciones sin fines de lucro”.
La ley aprobada es políticamente perversa y constitucionalmente ilegítima. Veamos:
Constitucionalmente ilegítima por varias razones. Destaco solamente tres:
i) La justificación de la ley se edifica sobre falacias: No es cierto que la sociedad civil organizada rehúya los controles, evada la transparencia o evite rendir cuentas. En efecto, en el orden jurídico paraguayo, existen un sin número de leyes que regulan mecanismos orientados a garantizar transparencia y también existen muchas instituciones encargadas de ejercitar y controlar a las organizaciones sea cual fuere el modelo jurídico que les dé entidad (sociedades, asociaciones, fundaciones, clubes, iglesias, etc.). Por tanto, a los controles internos propios previstos en los Estatutos respectivos, se le suman los controles externos dados por los estamentos estatales que controlan inscripciones, facturaciones, gastos, ingresos, egresos, cumplimientos de exigencias como la seguridad social, el pago de impuestos (IVA, IRP, etc), la realización de auditorías, la constitución de las directivas, la realización de Asambleas, etc. Remito al lector interesado a un artículo y una entrevista extraordinarios en los que Manuel Riera Domínguez profundiza con lucidez en estos aspectos:
a)(https://manuelrierad.medium.com/sociedad-civil-679d19c2e3b5) b)(https://open.spotify.com/episode/5w1tC5DacVWHzEPSjEJZc2?si=MibdTgsARYSM2gYOQwywew).
ii) La ley se orienta exclusivamente en la persecución a disidentes: Llamativamente, la ley, cuyo propósito supuestamente apunta a transparentar y controlar, deja fuera de su órbita a los partidos políticos, los clubes de futbol y las iglesias. Ese detalle sería meramente anecdótico si no fuera por el hecho de que, al menos en el Paraguay, las operaciones más sonadas y exitosas que desmontaron estructuras criminales, involucran estrechamente a clubes de futbol, iglesias y partidos políticos. Piénsese en el provecho obtenido durante años por el narcotraficante internacional de nacionalidad uruguaya Sebastián Marset (ligado al futbol local), el contrabandista y lavador de dinero de nacionalidad brasilera Darío Messer (proclamado como “hermano del alma” por el actual Presidente del Partido Colorado), el Pastor evangélico paraguayo de apellido Insfrán (ligado a una Iglesia) y algunos narco parlamentarios referentes de peso en sus estructuras partidarias y sus clubes de futbol.
Sin embargo, llamativamente, todas esas asociaciones fueron excluidas de la esfera de control que pontifica la ley por la sencilla razón de que no se busca transparentar nada sino perseguir a las asociaciones civiles no alineadas al poder ya que estas representan una piedra en el zapato de la cúpula dirigente desde el momento en que se dedican, precisamente, a fomentar la participación ciudadana, fortalecer la institucionalidad democrática y a ejercitar controles cívicos sobre el manejo de la cosa pública mediante mecanismos de denuncia o través de la generación de espacios reflexivos en los que se fomenta el pensamiento crítico.
iii) La Constitución como límite al poder: Además de constituir el pacto cívico que organiza la convivencia pacífica en sociedad, las Constituciones son un antídoto contra toda forma de exceso en el ejercicio del poder público. De allí que las Constituciones se encarguen de organizar el poder público dividiéndolo y fraccionándolo. Acaso el principal prodigio de las Constituciones republicanas, es que reducen el riesgo de que el poder se acumule y se desborde. Para el efecto, las Constituciones prevén una serie de herramientas que tienen como declarada finalidad limitar el poder de quienes ejercen el poder valga el juego de palabras.
En términos gráficos, puede decirse que las Constituciones miran al ciudadano (a la sociedad civil organizada) y le dan la espalda al poder. Por ende, resulta un contrasentido total que una norma infra constitucional -como lo es la ley-, invierta los términos de la ecuación expandiendo ilegítimamente y de manera exponencial las atribuciones de quienes ejercen el poder público para legitimar el avance autoritario de la clase política contra la sociedad civil. La espuria ley aprobada por la facción cartista, hace que, de manera perversa y en trágica ironía, el controlado se convierta en controlador remitiéndonos a la tristemente célebre y nefasta Ley 209 (“De preservación de la paz pública”) con la cual la dictadura stronista — (1954–1989) legitimó durante años no solo la anulación de las voces disidentes en el Paraguay sino la tortura y la desaparición forzada de personas que combatieron al régimen.
A estas alturas de los acontecimientos y ante el reconocimiento desvergonzado realizado por los sicarios del cartismo que aprobaron la Ley aquí criticada, no hace falta ser muy lúcido para advertir hacia donde se dirige el Paraguay…
Políticamente perversa también por varias razones entre las que destaco simplemente dos:
i) La ley atenta contra el ideal regulativo que perfila la Democracia en el Paraguay: El régimen jurídico — político de un país puede regularse o perfilarse de muchas maneras en función a si se desea robustecer más o menos a la Democracia. En ese contexto, en el marco del debate público de antes y de ahora, existen voces que consideran que la Democracia se reduce a un juego electoral periódico donde se convoca a la ciudadanía a las urnas para que validen una relación de poder y, una vez depositado el voto, el juego político pasa a ser monopolio de los representantes quienes, so capa de contar con legitimidad de origen, pueden hacer y deshacer a su antojo. Ese ideal regulativo se conoce como “democracia representativa”. Como se puede advertir, si se perfila a la Democracia bajo ese ideal regulativo, la ciudadanía organizada pasa a convertirse en una suerte de convidado de piedra pues su participación se agota con el ejercicio electoral monosilábico que se realiza cada cinco años.
Frente a esa manera de concebir a la Democracia, se encuentran quienes entienden que el perfil debe ser más robusto de manera a que, por un lado, la clase política pueda ser controlada con mayor intensidad buscando que se legitimen en el ejercicio del mandato y, por otro, tratando de involucrar a la ciudadanía en la edificación de las decisiones públicas. Ese ideal regulativo se conoce como “democracia participativa”. De ese modo, la ciudadanía organizada cobra protagonismo en los asuntos públicos y en la construcción de una sociedad más abierta e inclusiva en la inteligencia que por esa vía, se puede suplir las omisiones del Estado generando una dinámica virtuosa que promueve espacios para que la gente salga de su zona de confort ejercitando la ciudadanía con mayor plenitud. Dicho de otro modo, ese ideal regulativo de la Democracia, busca que las personas no sean únicamente votantes o consumidores sino que se conviertan en ciudadanos plenos participando activamente en los espacios pensados para fortalecer la institucionalidad republicana o para generar inclusión en diversos niveles.
Pues bien, más allá de cuál sea el ideal regulativo al que cada uno de nosotros adhiera, lo cierto y lo concreto es que la Constitución de la República del Paraguay fue perfilada de manera robusta pues se decantó, en forma clara y expresa, por la Democracia representativa, participativa y pluralista. En términos sencillos, eso implica que toda la actividad legislativa de los poderes políticos o de la estructura pública, debe orientarse a honrar y fortalecer ese ideal regulativo y no otro.
En el caso concreto, aun asumiendo que los sicarios del cartismo actúen de buena fe (hipótesis negada por quien escribe estas líneas), la ley aprobada resulta políticamente perversa pues está orientada para anular, sojuzgar, limitar, impedir, someter y perseguir a los sectores de la sociedad civil organizada que en su día a día, buscan robustecer la frágil democracia estimulando la participación y el involucramiento en asuntos de interés público.
ii) La mala fe del cartismo quedó explicitada con los audios que se filtraron: En el seno de una Democracia, es legítimo -por deseable e inevitable- que se pueda ejercitar la discrepancia sobre todos los temas que interesan a la comunidad tanto a nivel individual como colectivo. Así encontramos que en el mundo occidental existen álgidos e interminables debates en torno al rol del Estado, la interrupción del embarazo, la tenencia de armas, la despenalización de las drogas, el servicio militar, las políticas igualitarias o las impositivas, el asistencialismo gubernamental, la última palabra constitucional, todo lo ya referido en torno a los ideales regulativos de la democracia, etc.
Sin embargo, existe un aspecto de base que, necesariamente, debe darse de manera unánime e inequívoca si se quiere dotar de legitimidad al debate público en todos los niveles: la buena fe.
En el caso concreto, la ley aprobada deviene políticamente perversa pues quedó totalmente evidenciada que la facción que llevó adelante la iniciativa actúa con deliberada mala fe. Podría extenderme en consideraciones al respecto pero remito a la ciudadanía no solo al audio filtrado que fue reconocido por el inescrupuloso Senador que actúa como uno de los dos voceros del cartismo sino a todos los atropellos que, en poco más de un año de gobierno, ha cometido esa facción de poder con el indisimulado propósito de acallar voces disidentes, disciplinar a la sociedad y anular el pensamiento crítico. La ley aprobada es de una altísima perversión política desde el momento en que se trata de un mal calco de proyectos similares implementados con nefasto suceso en Venezuela o Nicaragua de hoy o en la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini en la primera mitad del siglo XX.
El filósofo español Fernando Savater enseña que existen dos parámetros inequívocos que reflejan y evidencian la calidad de una Democracia: el primero, es el trato y la consideración que la sociedad le brinda a sus Maestros; y, el segundo, la realidad de su sistema penitenciario. Agrego yo otros dos indicadores que reputo útiles y elocuentes: a) el respeto que la clase política le demuestra a los ciudadanos; y, b) el grado de acatamiento de la Constitución aun cuando los términos del contrato social no coincidan con nuestros intereses personales o nuestra concepción del poder.
Dolorosamente, el Paraguay está aplazado en todos esos indicadores. Y más dolorosamente aun, mientras la cúpula de poder cartista se siga fortaleciendo como producto de la vileza de sus sicarios parlamentarios y la pusilanimidad cómplice de las buenas personas que rodean al Presidente servil y abyecto que ocupa formalmente el Poder Ejecutivo, el Paraguay seguirá descendiendo hacia el mismo abismo sin retorno en el que cayeron fatalmente en su día sociedades como la venezolana de Chávez y Maduro, la nicaragüense de Ortega o la alemana de Hitler… Solo espero que Dios nos pille confesados…
