Entre el grado de inversión, la inflación y el salario mínimo

Por la Dra. Ana Rojas Viñales, Economista e Investigadora. Especialista en políticas públicas anarojas@eco.una.py

En el año 2024, Paraguay recibió nuevamente la ratificación de su grado de inversión por parte de las agencias Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s. Este reconocimiento técnico indica que el país cuenta con la capacidad “adecuada” para cumplir con sus obligaciones financieras, destacando especialmente la estabilidad monetaria, la prudencia fiscal y el bajo nivel de endeudamiento público (Ministerio de Economía y Finanzas, 2024). Sin embargo, estos indicadores de éxito macroeconómico conviven con limitaciones estructurales como la pobreza, desigualdad, brechas de género y empleo precario. Este contraste obliga a cuestionar la realidad económica que nuestro país, dada la necesidad de articular el bienestar de la población y el modelo económico dominante.

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Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 el 20,1% de la población paraguaya vive en condición de pobreza (más de 1.100.000 personas) y el 4,1% vive en pobreza extrema (alrededor de 244.000 personas). En las zonas rurales, la pobreza afecta a casi 26% de la población (INE, 2024). Estos indicadores coexisten con una economía que tiene un crecimiento estimado del PIB del 3,8% para 2024 y una inflación controlada del 3,4% (BCP, 2024). Esta dicotomía evidencia que el crecimiento económico no se traduce automáticamente en mejoras distributivas o reducción de la pobreza.

El salario mínimo en Paraguay fue reajustado a G. 2.798.309 en julio de 2024. Relacionado con los datos de la línea de pobreza total (valor de la canasta básica) que para el mismo año fue de alrededor de Gs 897.168 para el área urbana y que este monto estaría cubriendo la canasta básica para tres personas. Además, más del 62,5% de las personas ocupadas trabajan en condiciones de informalidad laboral (INE, 2025), lo que implica ausencia de seguridad social, ingresos irregulares y vulnerabilidad frente a situaciones inesperadas.

Además, si se considera la cobertura del salario mínimo, el ingreso promedio por la actividad principal de toda la población de 15 años y más equivale a apenas el 68,7% del salario mínimo para el año 2024 (Gs 1.922.211) y el ingreso promedio de la actividad principal de las mujeres de 15 años y más es solo el 46,9% del salario mínimo (Gs 1.311.335), en tanto que para los hombres de 15 años y más, el ingreso promedio de la actividad principal equivale al 91,8% del salario mínimo para el 2024 (INE, 2024).

La desigualdad de género, entonces, es una dimensión crítica que no se visibiliza en los indicadores macroeconómicos. Las mujeres tienen menor participación en la fuerza de trabajo (60,9% frente al 82,5% de los hombres) y un menor nivel de ocupación (57,7% frente al 79,2% de los hombres), enfrentan una brecha salarial del 23,6% en promedio (INE, 2025), y destinan más del doble de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado (INE. 2016). Esta sobrecarga de trabajo de cuidados limita sus oportunidades de acceso a ingresos propios, autonomía económica y protección social. A su vez, las mujeres están sobrerrepresentadas entre la población en condición de pobreza y pobreza extrema afectando a sus familias también, dado que hay cerca de 40% de los hogares paraguayos encabezados por mujeres (INE, 2024).

Las políticas macroeconómicas deben incorporar dimensiones sociales clave para que, además de atraer inversión extranjera y sostener la confianza en el mercado nacional, contribuyan a garantizar derechos laborales, fortalecer la progresividad tributaria y ampliar el gasto social. Esto implica avanzar hacia un análisis económico que no se limite a indicadores tradicionales, sino que integre también variables de bienestar, equidad distributiva y justicia social. Adoptar marcos analíticos más integrales requiere reconocer, valorar y redistribuir el trabajo no remunerado y de cuidados, así como promover la sostenibilidad ambiental, la equidad de género y un enfoque de derechos en el diseño y evaluación de las políticas públicas.

El grado de inversión es un reconocimiento importante a la gestión macroeconómica de Paraguay, especialmente en lo que respecta al control del déficit fiscal, la estabilidad monetaria y el manejo de la deuda pública. Sin embargo, este indicador no refleja las condiciones de justicia social ni el bienestar general de la población, sino la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos financieros, especialmente en el mercado internacional.

No obstante, este logro técnico representa una valiosa oportunidad para que Paraguay aproveche su estabilidad macroeconómica como base para avanzar hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible. Puede ser una herramienta estratégica para diseñar e implementar políticas que reduzcan brechas estructurales y amplíen las oportunidades para toda la población, con mejor educación, empleo y salarios dignos y mayor cobertura de la seguridad social.

Al incorporar la equidad de género, la redistribución del trabajo de cuidados y el bienestar integral en su visión de política pública, Paraguay podrá construir una sociedad más justa, equitativa y resiliente. Así, se consolidará no solo como un país confiable para los mercados, sino también como un Estado comprometido con su ciudadanía y con un desarrollo centrado en las personas y sus derechos.

Nota: Los datos provienen de fuentes oficiales y son referenciales.

Referencias