La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público presentó acusación contra 16 personas, entre ellas el exintendente de Asunción, Óscar Andrés Rodríguez Quiñónez, por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal, en el marco de contrataciones realizadas durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
La presentación fue realizada por los agentes fiscales Jorge Luis Arce Rolandi, Silvio Corbeta Dinamarca y Marlene González de Ovelar, quienes solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. La investigación, iniciada en octubre de 2021 tras la denuncia de parlamentarios y concejales, que reveló presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos destinados a la compra de insumos de limpieza y desinfección, a través de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Asunción.
La representación fiscal sostiene que la Municipalidad de Asunción sufrió un daño patrimonial de de G. 1.284.878.500 en el año 2020 y de G. 524.077.500 en el año 2021, totalizando la suma de Gs. 1.808.956.000 utilizando recursos del objeto de gasto 831 “Aportes a entidades con fines sociales y al Fondo Nacional de Emergencia”.
La Fiscalía sostiene que se concretaron sobrefacturaciones y simulaciones de entregas de productos, adjudicando contratos a empresas sin la capacidad ni la representación legal de las marcas ofertadas.
La acusación señala además que, las adquisiciones se llevaron adelante sin contar con la reglamentación correspondiente, lo que permitió la utilización irregular de fondos municipales. Documentos y pericias incorporados a la causa refieren que las cantidades de productos declaradas como entregadas no guardan relación con las importaciones efectivamente realizadas en el país.
Con estos elementos, el Ministerio Público sostiene que las conductas atribuidas a los acusados configuraron un esquema organizado para causar un perjuicio patrimonial al Estado en el contexto de la emergencia sanitaria, y requirió que todos los involucrados enfrenten juicio oral y público por los hechos imputados.
Fuente: Ministerio Público
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