El Ministerio Público formuló imputación en la causa N.º 33/2023 contra tres funcionarias por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con el proceso penal de Walter José Galindo Domínguez, acusado en la causa N.º 1062/2021 por narcotráfico.
Egidia Victoria Gómez Denis, exagente fiscal, fue imputada por Cohecho Pasivo Agravado y Frustración de la Persecución y Ejecución Penal. Ella es la hermana del fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gomes. Se le imputa a Gómez de dejarse prometer beneficios indebidos a cambio de la devolución y el cambio de evidencias en el caso Galindo.
Devolución Irregular de Vehículo: El 1 de julio de 2021, la fiscal Gómez dispuso la entrega de la camioneta Ford Ranger incautada a una tercera persona (Rossana Isabel Barrios Martínez) sin realizar actividad de investigación sobre el rodado, utilizando un documento de poder que se considera simulado.
Cambio de Drogas: Entre el 8 de julio y el 7 de agosto de 2021, la fiscala Egidia Gómez habría procedido al cambio de los 3 paquetes de cocaína incautados (1.486.7 gramos) por un paquete de bicarbonato. Se señala que, tras no ser compensada con el beneficio económico prometido, la fiscala Gómez habría intentado «enmendar» su accionar, remitiendo tardíamente las evidencias (incluida la supuesta cocaína, que ya era bicarbonato) al Laboratorio Forense en septiembre de 2021.
Seguidamente, Isabel Beatriz Bracho Pedrozo, jueza Penal de Garantías N.º 2 de Lambaré, y Ruth Karina Ferreira Britez, Actuaria Judicial, fueron imputadas por Cohecho Pasivo Agravado y Frustración de la Persecución y Ejecución Penal. Amabas habrían favorecido de manera irregular a Walter José Galindo en su proceso penal entre mayo y diciembre de 2021, a cambio de supuestos favores económicos.
Promesa de Soborno: se alega que la jueza Isabel Bracho se habría dejado prometer USD 50.000 por parte de Walter Galindo (a través de su abogado) para favorecerlo con medidas sustitutivas a la prisión preventiva y salidas procesales.
Arresto Domiciliario Irregular: Tras la supuesta recepción del dinero, la jueza Bracho, refrendada por la actuaria Ferreira, otorgó la modificación de la prisión preventiva por arresto domiciliario el 28 de mayo de 2021.
Para fundamentar esta decisión, se utilizó un dictamen forense de la médica Ana Alfonso (que habría sido falso), en el que se citaba que Galindo padecía múltiples patologías crónicas (asma, lupus, hipertensión, etc.) y que su vida corría peligro de muerte si no recibía tratamiento especializado en un ambiente adecuado (domiciliario).
Frustración de Captura y Sobreseimiento: Se menciona que la jueza Bracho y la actuaria Ferreira habrían permitido que Galindo abandonara el lugar en otra audiencia posterior (octubre de 2021), a pesar de que existía una orden de captura vigente emitida por la propia jueza. Posteriormente, en diciembre de 2021, la jueza Bracho habría facilitado el sobreseimiento definitivo y la salida procesal de criterio de oportunidad a favor de Galindo, como parte del pago prometido (USD 50.000).
Fuente: Perla Silguero – periodista de Radio 1000
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