El juez penal de Garantías Gustavo Ovelar resolvió elevar a juicio oral y público la causa abierta por el presunto feminicidio de una adolescente de 17 años, ocurrido el 27 de mayo de 2025 en Coronel Oviedo.
La acusación fue presentada por los fiscales Fermín Segovia y Noelia Montanía contra cinco personas señaladas por su presunta participación en el hecho, ya sea como instigadores o cómplices del autor material.
En paralelo, el menor de edad sindicado como principal sospechoso —quien también tenía 17 años al momento del hecho— fue citado para el próximo martes a una audiencia preliminar ante un Juzgado Penal de la Adolescencia. En esa diligencia se determinará si su causa también es elevada a juicio oral, conforme a lo solicitado por el Ministerio Público.
Hechos investigados
Según los antecedentes, la víctima habría sido asesinada en la vivienda del principal acusado, quien presuntamente reaccionó con enojo tras conocer el embarazo de la adolescente. De acuerdo con la investigación fiscal, el joven habría actuado solo, pero posteriormente comentó lo ocurrido a sus padres, quienes habrían intentado encubrir el crimen.
En la carpeta fiscal se investigaron varios hechos punibles, entre ellos feminicidio, instigación, frustración de la persecución y ejecución penal, tentativa de aborto, incitación a cometer hechos punibles, apología del delito y omisión de aviso de un hecho punible.
Los acusados
Entre los principales implicados figuran:
- El principal sospechoso, compañero de colegio de la víctima, imputado por feminicidio y tentativa de aborto.
- Los padres del adolescente, acusados de encubrimiento, simulación de hecho punible —tras denunciar falsamente la desaparición de su hijo mientras lo ocultaban— y exposición al peligro en el tránsito terrestre.
- El suegro del joven, señalado por presuntamente ayudar a trasladarlo y ocultarlo junto con la motocicleta utilizada tras el crimen.
- Una amiga del sospechoso, imputada por instigación al feminicidio, incitación a cometer un hecho punible y apología del delito.
- Franco Antonio Céspedes, acusado de haber vendido las pastillas abortivas que habrían provocado complicaciones previas al asesinato.
El magistrado consideró que existen elementos suficientes para que un Tribunal de Sentencia analice la responsabilidad penal de los cinco acusados adultos.
En cuanto al marco legal, el delito de feminicidio prevé una pena de hasta 30 años de prisión. No obstante, la eventual condena dependerá del grado de participación que el tribunal determine para cada uno de los acusados, ya que la legislación establece diferencias entre autores e instigadores o cómplices.
Fuente: Ministerio Público
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