El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó que el Ministerio de Salud Pública dispone este año de aproximadamente USD 480 millones para la compra de medicamentos e insumos para este ejercicio fiscal y sostuvo que el reciente Decreto N° 5311, que reglamenta el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, apunta a ordenar la ejecución del gasto y transparentar el uso de los recursos públicos.
El viceministro de Administración Financiera, Óscar Lovera, explicó que la normativa no introduce restricciones nuevas, sino que refuerza lo ya establecido en la Ley N° 1535/2000, que exige que toda provisión de bienes y servicios cuente con certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP).
Según indicó, el objetivo es evitar la generación de compromisos sin respaldo financiero y establecer responsabilidades en caso de que se realicen pedidos sin contar con crédito presupuestario autorizado.
Desde el MEF señalaron que en enero ya se ejecutaron más de Gs. 200.000 millones a favor de la cartera sanitaria, un nivel que calificaron como significativo para el primer mes del año, considerando que el primer trimestre suele registrar menor recaudación tributaria.
El viceministro de la cartera económica agregó que, si el presupuesto aprobado no resulta suficiente, existen mecanismos previstos en la normativa, como ampliaciones presupuestarias, transferencias de crédito o la posibilidad de solicitar autorización para adelantar contratos plurianuales.
No obstante, aclaró que estos adelantamientos deben contar con validación previa del equipo económico, debido a que se detectaron situaciones en las que los contratos firmados para varios años se ejecutan en plazos más cortos, generando presiones sobre el presupuesto vigente.
Desde el MEF reconocen que existen reclamos de proveedores por montos millonarios, que se estima se causaron por la ejecución de gastos no previstos dentro del plan de gasto.
Ante este escenario, el MEF evalúa la implementación de un mecanismo de cesión de derechos de cobro, mediante el cual los proveedores podrían transferir sus facturas a entidades financieras para obtener liquidez, mientras el Estado establece un cronograma de pago.
Fuente: Última Hora
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