La Cámara de Diputados reabrió el debate sobre el sistema de expedición de licencias de conducir tras la presentación de un proyecto de ley que busca retirar a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal de su gestión para trasladar el control total al Estado. La iniciativa propone que la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial administre completamente el sistema, incluyendo la base de datos de conductores que actualmente permanece en manos de la citada organización.
Uno de los principales cuestionamientos de los legisladores radica en el cobro de diez mil guaraníes por cada trámite de expedición, renovación o anulación de licencias, recurso considerado como una recaudación constante que carece de suficiente control o rendición pública. El diputado Miguel Martínez criticó que una entidad ajena al Estado maneje datos sensibles de la ciudadanía y perciba beneficios económicos por ello, mientras que la diputada Rocío Vallejo sostuvo que el sistema actual carece de la transparencia necesaria y que el Estado debería asumir plenamente esta función sin depender de estructuras paralelas.
Desde la Agencia Nacional de Tránsito, la directora de Licencias, Susana Medina, defendió el esquema vigente recordando que la participación de la organización está contemplada en la ley actual y advirtió sobre la complejidad que implicaría transferir la base de datos y reorganizar todo el sistema a nivel nacional en el corto plazo. Por su parte, desde la organización cuestionada argumentan que su trabajo facilita la coordinación con los municipios, aunque durante el debate surgió una preocupación significativa ante la falta de cifras claras sobre la recaudación anual, dato que ni los representantes de la Agencia ni los de la organización pudieron precisar con exactitud.
Este vacío de información, sumado al hecho de que la entidad opera como una organización privada fuera de los controles estrictos del sector público, refuerza las críticas sobre la falta de transparencia en el manejo del sistema. Aunque el proyecto recién inicia su camino legislativo y aún no cuenta con fecha de tratamiento, la propuesta revive una discusión que ya había sido rechazada el año pasado, volviendo a poner sobre la mesa la necesidad de definir el rol del Estado, la protección de los datos de los conductores y el destino de los recursos recaudados en la gestión de servicios públicos.
Fuente: El Nacional
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