El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, expuso ante autoridades del Poder Ejecutivo las limitaciones presupuestarias que enfrenta el Ministerio Público, haciendo especial énfasis en el atraso tecnológico que afecta el funcionamiento de la institución.
Tras la reunión, el titular del ente explicó en conferencia de prensa que la Fiscalía depende exclusivamente de los recursos asignados por el Estado, sin contar con fondos propios, lo que —según señaló— ha impedido su crecimiento durante años. Indicó que el presupuesto se mantiene prácticamente sin variaciones desde hace una década, pese al aumento de la demanda de servicios.
Rolón advirtió que uno de los principales problemas es la precariedad tecnológica. “Tenemos tecnologías del año 50 del siglo pasado”, afirmó, al referirse a las limitaciones que enfrentan en áreas clave como los laboratorios forenses. Esta situación, explicó, impacta directamente en la capacidad de respuesta ante investigaciones complejas.
El fiscal general señaló que el Ministerio Público cuenta con un número insuficiente de peritos y carece de equipamientos adecuados para tareas científicas. Mencionó que, en muchos casos, los análisis de ADN deben realizarse de forma secuencial debido a la falta de insumos y tecnología, lo que retrasa significativamente los procesos.
Asimismo, indicó que el país dispone apenas de un laboratorio forense de alcance limitado en la capital, sin infraestructura similar en el interior. “Deberíamos contar con laboratorios, morgues y equipos especializados en cada circunscripción, pero no los tenemos”, sostuvo.
El titular del Ministerio Público vinculó estas carencias con la lentitud en algunos casos judiciales, como investigaciones que requieren pericias técnicas. Aclaró que las demoras no responden a falta de voluntad de los funcionarios, sino a la ausencia de herramientas modernas y suficientes recursos humanos.
En ese contexto, también subrayó la insuficiencia de agentes fiscales para cubrir todo el territorio nacional, estimando que actualmente se dispone de apenas la mitad de los necesarios para atender a una población cercana a los siete millones de habitantes.
Finalmente, Rolón indicó que presentó estas inquietudes al presidente de la República, quien —según afirmó— recibió los planteamientos con apertura y propuso analizar mecanismos de coordinación con el Poder Judicial para optimizar el uso de los recursos disponibles. Sin embargo, insistió en que sin una inversión sostenida en tecnología e infraestructura, la institución seguirá limitada para cumplir eficazmente sus funciones.
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