El poder ejecutivo oficializó la reglamentación de la Ley N.º 6202/2018 mediante la firma del Decreto N.º 5970 por parte del Presidente Santiago Peña. Esta medida pone en marcha el Programa Nacional de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual, una iniciativa que busca saldar una deuda histórica con la protección de los derechos de la infancia. Bajo el lema de la campaña #TodosSomosResponsables, el mandatario subrayó que la prevención y la acción oportuna son fundamentales para salvar vidas en situaciones de vulnerabilidad extrema.
La estructura operativa de este programa sitúa al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia como el ente rector y coordinador general. Se ha establecido una Comisión Nacional integrada por carteras clave como Salud, Educación, Mujer e Interior para asegurar una respuesta interinstitucional. Además, se contempla el desarrollo de una plataforma tecnológica en los próximos dos años que permitirá el seguimiento en tiempo real de los casos, garantizando que el Estado actúe con la debida diligencia requerida en violaciones graves de derechos humanos.
Uno de los pilares fundamentales del decreto es el enfoque en la no revictimización y la atención integral. El Estado se compromete a brindar asistencia jurídica gratuita, acompañamiento psicológico especializado y atención médica continua a las víctimas. Del mismo modo, se establecen mecanismos para garantizar la reinserción y permanencia de los niños y adolescentes en el sistema educativo, entendiendo que la recuperación de la víctima requiere un abordaje que trascienda lo puramente judicial.
El decreto es explícito al rechazar cualquier justificación basada en costumbres, prácticas culturales o creencias religiosas para tolerar actos de violencia sexual contra menores. La normativa exige que todas las acciones estatales se rijan por los principios de confidencialidad e interés superior del niño, sin excepciones. Este marco legal busca estandarizar los protocolos de actuación en todo el territorio nacional, asegurando que la protección no dependa de la ubicación geográfica de la víctima.
Finalmente, el programa priorizará la atención en comunidades tradicionalmente excluidas, como las zonas rurales, los pueblos indígenas y los niños que viven con algún tipo de discapacidad. Con la reglamentación de esta ley, Paraguay fortalece su infraestructura legal para enfrentar uno de los crímenes más atroces contra la integridad humana.
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