El gremio presentó una nota formal ante el Ministerio de Educación y Ciencias exigiendo la intervención inmediata y la anulación del título de abogado de Hernán Rivas.
El gremio sostiene que el registro del documento carece de una formación académica real y verificable, argumentando que no existen registros de materias, exámenes ni testimonios de docentes que avalen su paso por la facultad.
Según el documento remitido al ministro Luis Fernando Ramírez, el título padece de un vicio de nulidad absoluta por «falsa causa», ya que se certificó una formación profesional que no ocurrió de forma regular. Enfatizan que un título no es una pieza documental autónoma, sino el resultado de una secuencia académica objetiva que, en este caso, no se ha acreditado de manera fehaciente.
El Colegio de Abogados instó al Ministerio a realizar una auditoría integral para verificar la trazabilidad del documento, desde la matriculación inicial hasta el acta de graduación. Además, solicitaron que se requiera a la universidad involucrada toda la documentación primaria, como planillas de asistencia, pagos de cuotas y actas de exámenes. El objetivo es confirmar si el legislador cumplió efectivamente con los requisitos académicos exigidos por la ley para obtener la habilitación profesional que hoy ostenta.
Una vez confirmadas las irregularidades, piden que el Estado promueva una acción judicial de nulidad ante el Tribunal de Cuentas. El gremio resalta que la pasividad institucional ante casos de «títulos dudosos» degrada la confianza ciudadana en el sistema educativo superior y en la idoneidad de quienes ocupan cargos de relevancia pública.
Para los abogados, el MEC tiene la obligación legal de actuar con independencia de cualquier proceso penal que el legislador enfrente actualmente.
Por último, la nota subraya que el registro estatal de títulos es un presupuesto de confianza pública esencial para el funcionamiento del sistema de justicia. Mantener vigente un registro desprovisto de sustento académico consolidaría una apariencia de legalidad incompatible con la dignidad de la profesión jurídica. Por esta razón, solicitan una actuación pronta y técnica que garantice la transparencia y la depuración del padrón de profesionales del derecho en el Paraguay.
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