La defensa técnica de Dalia López, presentó un pedido de revisión de medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Garantías Nro. 12. El objetivo es sustituir la actual prisión preventiva por un régimen de arresto domiciliario, argumentando que han surgido nuevos elementos que desvirtúan el peligro de fuga en la causa que investiga el uso de documentos públicos de contenido falso.
Para garantizar el sometimiento, los abogados ofrecieron una gran fianza real. Se trata de cuatro inmuebles ubicados en los distritos de Lambaré, Luque y General Aquino, cuyo valor total, según peritajes presentados, asciende a USD 1.672.276. Esta caución busca demostrar la voluntad de la procesada de permanecer vinculada a la justicia paraguaya mientras continúe el proceso en su contra.
Además de la garantía económica, la defensa propuso la implementación del sistema de monitoreo electrónico. Según consta en el escrito, la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control ya emitió un informe técnico favorable que confirma la factibilidad del uso de la tobillera electrónica en el domicilio propuesto, ubicado en el barrio Recoleta de Asunción. Con esto, buscan asegurar un control estricto y tecnológico sobre los movimientos de la empresaria.
Entre los argumentos para sustentar el cambio de medida, los profesionales señalaron que el riesgo de fuga se ha reducido debido a que otros procesados en la misma causa ya recibieron condenas menores o salidas alternativas. Asimismo, mencionaron que el estado de salud de López se encuentra deteriorado y que, dado lo avanzado de la investigación, ya no existe un peligro real de obstrucción a la labor del Ministerio Público, pues la mayoría de las pruebas ya fueron recolectadas.
La solicitud formal busca revertir la prisión preventiva que fue ratificada el pasado 30 de abril de 2026. Ahora, la decisión final queda bajo la responsabilidad del Juez Penal de Garantías, quien deberá evaluar si la combinación de la fianza, el control policial y la vigilancia mediante tobillera electrónica resultan suficientes para asegurar que la procesada no se sustraiga de la acción de la justicia.
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