El juez penal de garantías, Humberto Otazú, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra la exjueza de paz del distrito de San Roque, Liliana González de Bristot. Junto a la exmagistrada, otras 10 personas —entre ellas profesionales del derecho, ujieres y oficiales de justicia— deberán enfrentar a un tribunal de sentencia por su presunta implicancia en la red delictiva conocida como la «mafia de los pagarés».
Durante el desarrollo de la audiencia preliminar, el magistrado Otazú rechazó los planteamientos de las defensas técnicas y decidió aplicar el trámite de oposición al pedido de suspensión condicional del procedimiento que solicitaban cinco de los principales implicados. Con esta determinación judicial, el juzgado ratificó que la gravedad del caso amerita un debate oral, dejando la postura final en manos del Ministerio Público.
Los procesados afectados por esta resolución son los abogados Pedro Olmedo (Serfin S.A.), Félix Oscar Gill (Cobranzas Eficientes y Oportunas S.A.) y Carlos Agüero (LAB S.A.); además de la exoficial de justicia Paola Vargas y el exujier Líder Benegas, cuya solicitud fue denegada de forma tajante debido a la repetición de su conducta presuntamente delictiva dentro del esquema.
Por otra parte, la diligencia judicial arrojó la primera condena del caso mediante la aplicación de la figura del procedimiento abreviado. El exoficial de justicia Óscar Frutos admitió formalmente su responsabilidad en el fraude y fue sentenciado a dos años de prisión, beneficio que incluye la suspensión de la ejecución de la condena bajo estrictas reglas de conducta. Asimismo, se le impuso la obligación de abonar la suma de 36 millones de guaraníes, fraccionados a lo largo de un plazo de tres años, en concepto de reparación del daño social ocasionado.
De acuerdo con la investigación, el modus operandi de la organización criminal consistía en la utilización de pagarés clonados o falsificados para iniciar juicios ejecutivos fraudulentos en el Juzgado de Paz de San Roque. Mediante este esquema, los involucrados lograban la orden de embargos millonarios contra víctimas que no tenían conocimiento de las supuestas deudas.
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