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sábado, julio 20, 2024
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Procesado por el caso «A Ultranza» será extraditado a Estados Unidos

Este jueves se prevé la extradición a Estados Unidos del uruguayo Federico Ezequiel Santoro, requerido por conspiración para cometer lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956, con una expectativa de pena de 20 años de prisión.

El requerimiento se realizó en base a la acusación de fecha 07 de setiembre de 2023, presentada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, en el Caso N° 1:23- CR-143”. Agentes de la DEA se encuentran en nuestro país para la entrega del procesado.

Santoro fue detenido en nuestro país en el marco del operativo a «Ultranza Py». La jueza Rosarito Montanía hizo lugar al pedido de criterio de oportunidad solicitado por el fiscal Deny Yoon Pak, lo que dió vía libre para la extradición.

Federico Santoro fue imputado el 24 de agosto del 2023 por lavado de activos provenientes del tráfico de drogas y asociación criminal, por indicios de haber tenido una participación en la administración de ganancias ilícitas al servicio de la organización criminal liderada por el también uruguayo Sebastián Marset y Miguel “Tío Rico” Insfrán.

El abogado Gerardo Ortiz, representante legal del procesado por el caso “A Ultranza Py”, en entrevista con Radio 1000, confirmó que su cliente optó por acogerse a la extradición simplificada, por considerar que había circunstancias que hacían dudar de la garantía del debido proceso en Paraguay.

Asimismo, el profesional del derecho salió al paso de las afirmaciones realizadas por el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Jalil Rachid, de que pese a la extradición el proceso contra Santoro Vasallo continúa en Paraguay.

“Si bien el proceso sigue aquí para los otros coprocesados, para mi cliente Federico Ezequiel Santoro queda suspendido hasta tanto se emita una resolución de EE.UU.”, enfatizó.

Ortiz señaló que la esposa de su representado no podrá viajar junto con su pareja, ya que tiene abierto un proceso en nuestro país por ser beneficiaria de los bienes, presuntamente adquiridos por la sociedad de Santoro con el narcotraficante Sebastián Marset.

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