El Parlamento Europeo aprobó postergar un año la implementación de la ley contra la deforestación, e introdujo varias enmiendas incluyendo una que flexibiliza las obligaciones para países considerados exentos de riesgo.
La votación de la enmienda sobre esos países fue posible gracias a una alianza de los legisladores de la derecha y de la extrema derecha, y el resultado lanza un nuevo ciclo de negociaciones entre los países del bloque.
El 2 de octubre la Comisión Europea había propuesto postergar un año la implementación de la ley, objeto de severas críticas por parte de importantes socios comerciales de la UE.
La ley dispone un veto a la importación en la UE de productos que en sus países de origen promuevan la deforestación, aunque los plazos y las exigencias de la normativa generaron muchos cuestionamientos.
Aliados de peso como Brasil y Estados Unidos ejercieron fuerte presión por las exigencias previstas en la legislación. Alemania también se sumó a los pedidos para que la implementación de la ley fuera aplazada.
Ya en octubre la Comisión había admitido que «varios socios globales han expresado repetidamente su preocupación por su estado de preparación».
De esta forma, la entrada en vigor de la ley queda atrasada al 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas, y a julio de 2026 para las PYMES.
Los legisladores aprobaron igualmente enmiendas al texto de la ley, en particular una que a las tres categorías de países -de «alto riesgo», «riesgo estándar», «bajo riesgo»- añadió otra para países «sin riesgo».
En esa categoría quedarán incluidos los países que mantengan estables o aumenten sus áreas de forestación. Los países de este grupo quedarán exentos de muchas exigencias previstas en la norma.
De acuerdo con el Parlamento Europeo, la Comisión debería finalizar su sistema de evaluación comparativa de países a más tardar el 30 de junio de 2025.
Para Julian Oram, director de la políticas de la oenegé Mighty Earth, se trata de «un día negro para las credenciales medioamientales de Europa» por esas «horribles enmiendas».
La nueva categoría de países, afirmó Oram, podrá fomentar «el contrabando a gran escala de productos agrícolas desde territorios de alto riesgo hacia países ‘sin riesgo’, en ruta hacia la UE».
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