El procurador general de la República, Marco Aurelio González, en entrevista con Radio 1000, informó que junto con los ministros de Defensa Nacional, Óscar González; y del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando de Barros Barreto, se constituyeron ayer en la zona conocida como «Jardines de Remansito», Departamento de Presidente Hayes, de manera a indagar sobre la existencia de posesiones precarias e ilegales, para iniciar así las acciones que correspondan.
Se trata de la finca 916, que en total tiene más de 9.000 hectáreas, 2.680 de las cuales son ocupadas por empresarios agropecuarios de forma irregular.
En la zona se realizó un censo de las poblaciones vulnerables que habitan de forma precaria y se llegó a un acuerdo para trabajar en una alternativa para estos asentamientos, teniendo en cuenta que es un problema largamente postergado y además se constató la presencia de estancias.
Durante la intervención, el propio procurador informó que detectaron la existencia de una aparente estancia en la Finca 916. Incluso se estuvieron realizando inspecciones con drones.
En las estancias negaron el ingreso a los trabajadores y tampoco accedieron a participar del registro oficial.
La zona afectada es un sitio donde se hallan asentadas granjas, estancias, instaladas sin autorización, y que cuenta con una declaración de Área Silvestre Protegida.
El procedimiento de constitución se realizó a los efectos de identificar a los ocupantes y proseguir con el proceso judicial. Se dio en el marco de lo que se denomina Diligencias Preparatorias.
El procurador se mostró preocupado por el hecho de que estos ocupantes estarían en zonas protegidas ambientalmente.
“Las premisas de la Constitución son “respetar la ley, exigir un trato igualitario, luchar contra los privilegios y honrar la palabra empeñada”, sostuvo.
Días pasados, el Tribunal de Cuentas Segunda Sala de Capital resolvió hacer lugar a la excepción de falta de acción presentada por la Procuraduría en contra de la pretensión de la Municipalidad de Villa Hayes y con esto se reafirmó los derechos de propiedad del Estado paraguayo.
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