El Ministerio de la Defensa Pública respondió a un pedido de informes del Congreso Nacional, sobre acciones y medidas concretas para desbaratar la denominada “Mafia de los pagarés”, con el objeto de lograr el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia de protección de los derechos humanos y defensa de intereses difusos comunitarios, mediante la adopción de medidas y acciones requeridas para desarticular el esquema.
En ese sentido, la Defensoría General, en forma conjunta con la Defensoría del Pueblo, se abocó a tomar acciones legales procediendo inicialmente a solicitar a varias instituciones públicas, el listado de funcionarios públicos dependientes de las instituciones a su cargo, cuyos salarios se hallaren gravados por embargos trabados en el marco de juicios ejecutivos promovidos en su contra, obrantes en cualquiera de los juzgados de Paz de la capital.
Asimismo, se están impulsando acciones concretas como solicitudes de nulidades procesales y medidas cautelares, en busca de proteger los derechos de las víctimas frente a prácticas abusivas. En ese sentido, también se lleva adelante un trabajo coordinado con el Congreso Nacional, acompañando alrededor de 45 casos específicos relacionados con descuentos de salarios, afectando en su mayoría a trabajadores del sector público.
El Ministerio de la Defensa Pública, además de asistir jurídicamente a todas las víctimas del citado esquema, elaboró un Proyecto de Ley que contempla la “Creación de un Registro Nacional de Créditos y de la Oficina de Registro de Créditos dependiente de la Dirección General de los Registros Públicos”, con la correspondiente exposición de motivos, como aporte de este ministerio a la Comisión integrada por la Cámara de Senadores.
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