Los agentes fiscales Verónica Valdez y Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, imputaron al agente fiscal de la Unidad Penal n.º 1 de Alberdi por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (autor) y extorsión (coautor).
La investigación se originó tras una denuncia presentada por la jueza penal de Alberdi y se enmarca dentro de un caso por presunto tráfico de influencias, en el que también está involucrado un abogado defensor.
De acuerdo con el acta de imputación, el abogado habría solicitado a la víctima diversas sumas de dinero supuestamente destinadas al fiscal, a cambio de lograr la libertad de su esposo, procesado por abuso sexual en niños. Inicialmente pidió G. 5.000.000 “para unos papeles”, sin entregar comprobante alguno.
En diciembre de 2024, el fiscal ahora imputado instó a la víctima a continuar sus gestiones con el abogado, advirtiendo que “el caso era muy grande” y que, de lo contrario, su marido no saldría de prisión. Posteriormente, el abogado le comunicó que el monto total para obtener la libertad sería de G. 120.000.000, a entregarse en dos partes de G. 60.000.000, iniciando con un primer pago para obtener arresto domiciliario.
A fines de febrero de 2025, el abogado solicitó G. 30.000.000, monto que fue entregado en su domicilio en Alberdi, donde el fiscal procesado habría acudido personalmente para recibirlo. Más adelante, en abril, el abogado volvió a pedir dinero con la promesa de lograr una revisión favorable, lo que no se concretó.
El 30 de setiembre de 2025, el abogado volvió a solicitar G. 20.000.000, fijando la entrega para el 2 de octubre. Parte del dinero fue colocado en una bolsa de regalo roja destinada al fiscal. Ese mismo día, durante un operativo de entrega vigilada, los fiscales anticorrupción interceptaron al abogado, hallando la bolsa con G. 15.000.000 y otros G. 5.000.000 en su vivienda.
Los billetes coincidían con los previamente fotocopiados y autenticados por orden judicial. Además, se allanó la Unidad Penal n.º 1 de Alberdi, donde se incautaron dos teléfonos celulares.
Ante estos elementos, la representación fiscal solicitó Juzgado Penal Especializado en Delitos Económicos y Corrupción el desafuero del agente fiscal imputado y la remisión de los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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