El gobierno de Bolivia alcanzó un acuerdo con los sindicatos el domingo para poner fin a las protestas y bloqueos carreteros que paralizaron el país durante cinco días, en rechazo a los ajustes económicos implementados por el presidente Rodrigo Paz, de tendencia centroderechista.
El acuerdo establece que algunas medidas clave, como la eliminación del subsidio a los combustibles —que aumentó las tarifas del transporte—, el aumento salarial y los bonos sociales compensatorios, se mantendrán. Sin embargo, otras disposiciones, como el recorte de gastos y la contratación de créditos para abrir espacio a inversiones extranjeras, quedarán sujetas a una evaluación y posibles ajustes, según lo informado por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, tras su reunión con la Central Obrera Boliviana (COB).
Por su parte, Mario Argollo, principal dirigente de la COB, instó a sus bases a poner fin a los bloqueos, que habían afectado a ocho de las nueve regiones del país, dejando varados a miles de vehículos y pasajeros. “Hay gente en las carreteras que está sufriendo”, señaló Argollo, al hacer un llamado a la solidaridad.
El impacto de la eliminación del subsidio
El presidente Paz eliminó el subsidio a los combustibles importados, una medida que provocó un aumento de más del 100% en el precio de la gasolina y el diésel, lo que incrementó el costo de vida. Sin embargo, la eliminación del subsidio no desató una crisis social, y, por el contrario, ayudó a resolver la escasez crónica de combustibles, lo que había generado largas filas en las estaciones de servicio.
En los primeros 20 días de aplicación de la medida, el gobierno destacó un ahorro de 240 millones de dólares. La subvención a los combustibles había costado al país más de 2.000 millones de dólares anuales durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, lo que agravó la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas, según las autoridades.
Críticas al plan económico
Los sindicatos calificaron el plan económico del gobierno de «entreguista», argumentando que también permitía la aprobación expedita de inversiones estratégicas en sectores clave como la minería, hidrocarburos y litio, sin necesidad de la aprobación de la Asamblea Legislativa, en la que el gobierno de Paz no cuenta con una mayoría sólida.
Además, el plan otorgaba “facultades excepcionales” al Banco Central para negociar préstamos y créditos sin la fiscalización del poder legislativo, lo que generó inquietud entre los opositores. Tanto Lupo como Argollo señalaron que estas disposiciones serán eliminadas o ajustadas como parte del acuerdo alcanzado.
Fuente: AP
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