Turistas que intentaban ingresar al atractivo natural conocido como Salto Cristal denunciaron una situación de extrema gravedad tras el hallazgo de una presunta “boca trampa” o artefacto explosivo en uno de los accesos al lugar. El hecho ocurre en medio de un prolongado conflicto por la tenencia de tierras entre familias colindantes a la zona.
De acuerdo con las denuncias, la disputa se habría intensificado en las últimas semanas e incluye acusaciones por amenazas, uso de armas de fuego y armas blancas, además de intentos de restringir el acceso al sitio, que es considerado de dominio público.
La abogada Ana Mora, una de las partes involucradas en el litigio por la propiedad lindante al Salto Cristal, señaló que el artefacto fue encontrado a escasos metros del arroyo, en un área frecuentada por visitantes. Indicó que la situación fue comunicada de inmediato a la Fiscalía, que se constituyó en el lugar junto con efectivos de la Policía Nacional.
Según su relato, el artefacto se encontraba activado y fue posteriormente desactivado por las autoridades, evitando consecuencias mayores. Mora responsabilizó directamente a Roberto Bravo, con quien mantiene un conflicto judicial, y sostuvo que el mismo cuenta con antecedentes por hechos de violencia, además de estar imputado en una causa por coacción grave y lesión en grado de tentativa.
La abogada también denunció que se estarían cobrando sumas de dinero a las personas que intentan ingresar al Salto Cristal, pese a tratarse —según afirmó— de un recurso natural de acceso libre y gratuito, protegido por ley.
Por su parte, el abogado William Amaral, representante legal de Roberto Bravo, rechazó categóricamente las acusaciones y calificó la denuncia como falsa. Sostuvo que no existe ningún motivo para que su defendido coloque una trampa que podría poner en riesgo a turistas y afectar directamente la actividad económica que desarrolla en la zona.
El abogado afirmó que se trata de una maniobra para desprestigiar a su representado en el marco del litigio civil por la propiedad y aseguró que cuentan con elementos para demostrar la falsedad de las acusaciones. Anunció además que presentarán acciones legales y solicitarán que se investigue a fondo el origen del artefacto.
La Fiscalía tomó intervención en el caso y anunció que se investigarán las circunstancias del hallazgo, así como la responsabilidad penal que pudiera derivarse del hecho, considerando el grave riesgo al que pudieron haber sido expuestos visitantes y terceros ajenos al conflicto.
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