DNIT advierte posible sanción tras rectificación de declaraciones del extitular de Petropar

El director nacional de Ingresos Tributarios, Oscar Orué, se refirió al caso del extitular de Petropar, Eddie Jara, y explicó el procedimiento que se aplica cuando un contribuyente presenta una rectificación en sus declaraciones.

En ese sentido, señaló que cualquier modificación realizada en una declaración tributaria automáticamente queda sujeta a un proceso de fiscalización por parte de la institución.

“Cualquier contribuyente que presenta una rectificación está sometido a una fiscalización, conforme a nuestro procedimiento”, indicó.

Orué precisó que de este proceso podrían derivarse eventuales sanciones administrativas, dependiendo de los resultados de la verificación. Durante el análisis, los técnicos de la DNIT evalúan la validez de los documentos presentados y determinan si la rectificación realizada es correcta o no.

Asimismo, el titular de la institución destacó que en este caso la rectificación se produjo después de la apertura de un control, lo que podría implicar la aplicación de una multa.

“No podemos dejar de observar que la rectificación se hizo posterior a la apertura de un control, lo que indica que probablemente se le aplicará una sanción. Se reaccionó a algo que ya había sucedido, cuando se abrió el control de las declaraciones juradas de correspondencia en la Contraloría”, explicó.

En ese contexto, Orué sostuvo que al menos se detecta una omisión en la información presentada inicialmente.

El director también confirmó que toda la documentación relacionada con el caso fue remitida a la Contraloría General de la República (CGR), institución encargada de realizar el análisis patrimonial correspondiente.

Finalmente, indicó que en caso de detectarse documentos falsos, como facturas apócrifas o clonadas, los antecedentes serán enviados al Ministerio Público para la investigación penal correspondiente.

Orué aclaró que la DNIT no actúa como órgano contralor en materia patrimonial, ya que esa función corresponde a la Contraloría, que actualmente analiza si existe o no un posible caso de enriquecimiento ilícito.