Autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional brindaron detalles sobre el operativo que permitió desarticular una red de ciberdelincuentes que operaba en el departamento de Itapúa.
La fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano, explicó que mediante la denominada “Operación Ícaro” se logró desmantelar un esquema criminal que defraudó más de 9.000 millones de guaraníes al sistema financiero.
Según la investigación, el esquema era liderado por un joven de 18 años, quien, junto a un círculo cercano integrado por excompañeros de colegio y miembros de su familia, ejecutaba de forma coordinada el fraude y posterior lavado del dinero.
El núcleo operativo consistía en la realización de transferencias masivas a través de medios de pago electrónicos. Para ello, utilizaban al menos ocho líneas matrices de billeteras digitales que distribuían los fondos a más de 1.900 cuentas “mulas”, lo que permitió concretar el millonario desvío.
Por su parte, el jefe del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen, el comisario principal Diosnel Alarcón, señaló que el análisis técnico y forense permitió establecer el modus operandi de la red, desvirtuar las coartadas de las cuentas utilizadas y confirmar la existencia de una administración centralizada.
Indicó además que los denominados “acopiadores” funcionaban como intermediarios clave dentro de la estructura, canalizando los recursos hacia el presunto líder de la organización, identificado con el alias “Alex”.
El operativo dejó como resultado la detención de ocho personas vinculadas al esquema principal, además de la incautación de bienes, entre ellos camionetas, y el bloqueo preventivo de más de 478.000 dólares en plataformas de activos digitales, específicamente criptomonedas.
Asimismo, fueron incautadas numerosas evidencias, como teléfonos celulares, tablets, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento externo y documentación relevante para la causa.
Las autoridades destacaron que la Operación Ícaro evidencia la importancia de la coordinación entre organismos de investigación, el Ministerio Público y el sector privado, como una herramienta clave para enfrentar las nuevas modalidades de cibercrimen y combatir el fraude informático de manera efectiva.
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