La causa N.º 2358/24, tramitada ante la Unidad Penal N.º 3 de Hernandarias, evidencia un cambio de criterio del Ministerio Público que genera cuestionamientos desde el ámbito jurídico. La fiscal Natalia Montania Sartorio pasó de sostener una imputación por presuntas maniobras irregulares a solicitar la desestimación de la causa, sin que se hayan incorporado nuevos elementos probatorios relevantes.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por la abogada Teresa Servín Zardini, en representación del empresario Carlos Vinicius Martins de Oliveira, accionista minoritario de ADAMA Agriculture Paraguay S.A.. La acusación apuntaba a directivos vinculados al grupo empresarial ADAMA —hoy parte del grupo Syngenta— por supuestas maniobras que habrían afectado los resultados financieros de la firma local.
En contacto con Radio 1000, la profesional explicó que tras la adquisición del 51% de la empresa FNV S.A. en 2020, posteriormente convertida en ADAMA Agriculture Paraguay S.A., se habrían implementado decisiones que incrementaron costos operativos mediante políticas de precios entre empresas vinculadas, reduciendo la rentabilidad y afectando el valor de las acciones restantes en manos de socios minoritarios.
En julio de 2025, la Fiscalía había imputado a varios directivos por supuestos hechos de estafa, lesión de confianza y producción de documentos falsos, al considerar la existencia de una “estrategia deliberada de manipulación”. Sin embargo, tras observaciones formales de la Cámara de Apelaciones, la fiscal modificó su postura y, el 15 de abril de 2026, solicitó la desestimación del caso, al considerar que se trata de un conflicto societario sin relevancia penal.
El cambio de criterio es objeto de críticas debido a la falta de fundamentación técnica. Uno de los puntos señalados es la existencia de diferencias en los estados financieros que, según la denuncia, superarían los USD 7,7 millones, elemento que inicialmente fue considerado clave y que luego perdió centralidad sin mayor explicación.
También se cuestiona la ausencia de nuevas diligencias investigativas, como pericias contables adicionales o un análisis más profundo de posibles implicancias fiscales, así como una valoración selectiva de las pruebas disponibles.
El caso plantea interrogantes no solo sobre un eventual perjuicio a accionistas minoritarios, sino también sobre posibles impactos en el ámbito tributario. Para analistas, el eje central no radica en el crecimiento o no de la empresa, sino en determinar si durante ese proceso se incurrió en prácticas irregulares que pudieron afectar tanto a socios como al Estado.
Discussion about this post