La situación que atraviesan los vecinos del barrio Santa Inés, en Presidente Franco, genera creciente preocupación e indignación. Los pobladores denuncian un escenario de desprotección ante el funcionamiento de canteras que, pese a restricciones vigentes, continúan operando en la zona.
Según relatan, las explosiones constantes estarían provocando grietas en viviendas y afectando la tranquilidad de las familias, especialmente de niños que viven en un entorno marcado por el temor permanente.
Los vecinos recuerdan que desde 2017 el área fue declarada urbana y que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) habría prohibido este tipo de actividades. Sin embargo, aseguran que las canteras siguen funcionando sin interrupciones.
Además, de acuerdo con declaraciones del secretario municipal, Ramón Viveros Guillén, estas empresas no contarían con patente municipal, lo que incrementa las dudas sobre la legalidad de sus operaciones y los controles aplicados.
Los reclamos también apuntan al intendente Roque Godoy, a quien acusan de no responder públicamente a la problemática. Asimismo, mencionan versiones no confirmadas sobre supuestas negociaciones irregulares que involucrarían a su entorno cercano.
En ese contexto, también cuestionan el rol de la diputada Roya Torres, esposa del jefe comunal y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señalando la falta de acciones ante la situación denunciada.
Otro de los puntos críticos es el posible daño ambiental. Las canteras se encuentran a escasa distancia del Río Monday, lo que —según los vecinos— podría estar afectando el ecosistema y poniendo en riesgo uno de los recursos naturales más importantes de la zona.
Ante este panorama, los pobladores de Santa Inés exigen el cese inmediato de las operaciones de las canteras en zona urbana, mayor presencia y respuesta de las autoridades municipales, así como la intervención del Ministerio Público para investigar posibles irregularidades.
Los vecinos insisten en que la situación no puede seguir postergándose y que el bienestar de la comunidad debe prevalecer por encima de cualquier interés económico.
Fuente: Edgar Arriola – Comunica
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