El abogado Ezequiel Santagada advirtió sobre la supuesta existencia de una red de desinformación orientada a desacreditar a comunicadores, opositores y voces críticas al Gobierno.
Durante una entrevista con Radio 1000, el especialista sostuvo que, de confirmarse, se trataría de una utilización de recursos estatales para afectar la credibilidad de determinados sectores. “Lo que habría acá es una actividad del Estado para desinformar y erosionar la credibilidad de ciertos comunicadores, haciendo más difícil la labor de la prensa y de personas críticas”, expresó.
En ese sentido, remarcó la gravedad institucional del caso. “Que esto provenga del Estado es grave, porque viola derechos como la participación y la libertad de expresión, siempre y cuando se confirme esa situación”, añadió.
Santagada también cuestionó la presunta participación de agencias extranjeras en la difusión de contenidos favorables al Gobierno. Señaló que, desde un punto de vista jurídico y práctico, resulta “inverosímil” que una agencia internacional con fines comerciales promocione programas gubernamentales de otro país.
Cuestionan a binacionales por obstáculos en la divulgación de datos
Por otra parte, el abogado se refirió a las dificultades en el acceso a la información pública, especialmente en relación con entidades binacionales como la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Recordó que, tras la entrada en vigencia de la Ley N° 5189, tanto la EBY como Itaipú promovieron acciones de inconstitucionalidad.
Asimismo, indicó que si bien durante la administración del expresidente Horacio Cartes se retiraron algunas medidas cautelares contra la normativa, persistieron resistencias en la publicación de datos.
Según explicó, desde el gobierno de Mario Abdo Benítez y, posteriormente, en la actual administración de Santiago Peña, el acceso a información básica, como los salarios de funcionarios, se ha vuelto más complejo, particularmente en la EBY.
Santagada sostuvo que la promulgación de la Ley N° 7389/2024, sobre integridad y transparencia, generó superposiciones normativas que dificultan la aplicación efectiva de las leyes de acceso a la información pública. “Se creó un caos jurídico para no cumplir con la Ley 5189”, afirmó.
Finalmente, el especialista consideró que estas trabas representan un retroceso en materia de transparencia y advirtió que el diseño normativo actual exige un análisis minucioso para su control, lo que complica el monitoreo ciudadano.
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