El juez Humberto Otazú resolvió elevar a juicio oral y público la causa que involucra a exfuncionarios del Juzgado de Paz de la Catedral, Segundo Turno, acusados de haber articulado un esquema irregular de juicios ejecutivos mediante notificaciones presuntamente falsas, en beneficio de empresas de cobranzas.
La acusación fue presentada por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero contra Pablo Matías Cabrera Irigoitia, actuario judicial, imputado por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y complicidad en prevaricato; Mariam Adelaida Ortiz Aquino, ujier notificadora, acusada de los mismos hechos; y la jueza de paz Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, señalada por dictar resoluciones presuntamente contrarias a derecho con conocimiento de las irregularidades.
Según la investigación del Ministerio Público, entre los años 2023 y 2024 el juzgado habría tramitado numerosas demandas impulsadas por firmas de cobranzas bajo un esquema que, en apariencia, seguía el curso legal, pero que en la práctica presentaba graves irregularidades.
El esquema investigado incluía supuestas notificaciones que no se habrían realizado en los domicilios de los demandados, lo que derivaba en la ausencia de los mismos en los procesos judiciales. Ante esa situación, se dejaba constancia de incomparecencia en audiencias que, según la pesquisa, nunca fueron debidamente comunicadas a los afectados. Con base en esos informes, se dictaban resoluciones que permitían avanzar con embargos de bienes, bajo la presunción de reconocimiento de firmas en pagarés.
Uno de los casos analizados involucra a la firma Plan Urbano S.A., donde en un conjunto de 32 expedientes se consignaron notificaciones realizadas en distintas localidades del departamento Central en lapsos de tiempo que resultan incompatibles con la distancia entre los lugares, lo que refuerza la sospecha de falsedad documental.
Asimismo, la investigación detectó que varios procesos avanzaban sin la presentación de los pagarés originales, un requisito esencial que habría sido omitido en reiteradas ocasiones.
Con la decisión judicial, la causa entra ahora en etapa de juicio oral y público, donde se analizarán las responsabilidades penales de los acusados en un caso que habría afectado el derecho a la defensa de numerosos ciudadanos.
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