Este miércoles 20 de mayo debía haberse realizado en Virginia, Estados Unidos, la audiencia preliminar sobre Sebastián Marset, en la que se evaluaría el estado del proceso judicial en su contra. Sin embargo, tras un acuerdo entre las partes acusatorias y el presunto narcotraficante uruguayo a través de sus abogados, la instancia se llevará a cabo el próximo 1 de julio.
Según un documento que consignó el portal uruguayo Búsqueda.com, el juez del caso extendió el plazo para que los fiscales y los abogados defensores puedan negociar un posible acuerdo para que Marset se declare culpable. Al mismo tiempo, la Fiscalía afirmó haber recolectado 22 GB de evidencias contra el uruguayo.
«Por la presente acepto que he consultado con mi abogado y entiendo plenamente todos mis derechos. He leído esta moción para posponer la audiencia y la he revisado con mi abogado», señaló Marset en dicho documento, firmado por el juez Rossie Alston Jr.
Santiago Moratorio, abogado de Marset, confirmó a Subrayado, Canal 10, de Uruguay que se reunirá en las próximas horas con el narco uruguayo, quien se encuentra en una prisión de alta seguridad ubicada en la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia.
Marset enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para el lavado de activos y dinero. Su celular fue incautado semanas atrás; se encontraba dentro de una caja fuerte y fue enviado a Estados Unidos para ser peritado. Ese dispositivo podría ser parte del material que integran los 22 GB de evidencias que la Fiscalía dice haber reunido.
El fiscal federal adjunto Anthony Aminoff indicó que esos 22 GB contienen «una gran cantidad de pruebas y material de descubrimiento que incluye comunicaciones interceptadas en idiomas extranjeros, evidencia obtenida de países extranjeros mediante tratados de asistencia legal mutua, y decenas de miles de páginas de registros financieros», que en algunos casos fueron solicitados a Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia.
Marset, si acepta el acuerdo de culpabilidad que la Fiscalía ya presentó formalmente, deberá colaborar con información a cambio de una reducción de condena. Si lo rechaza y opta por ir a juicio, se expone a la pena máxima; 20 años de prisión, seguidos de tres años de libertad condicional supervisada, más una posible multa que podría superar los USD 500.000.
Fuente: www.busqueda.com.uy/
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