Una jueza detuvo temporalmente el avance del movimiento independentista en la provincia de Alberta al anular una iniciativa popular que buscaba convocar a un referéndum de secesión. La magistrada revocó la autorización que el organismo Elections Alberta le había otorgado al grupo separatista «Stay Free Alberta» para recolectar firmas de la ciudadanía, tras constatar que el proceso ignoraba las advertencias de fallos previos y vulneraba los derechos constitucionales de las comunidades indígenas, las cuales no fueron consultadas de manera adecuada.
Varias comunidades originarias habían impugnado la iniciativa argumentando afectaciones directas a los tratados históricos firmados originalmente con la Corona británica.
Frente al revés judicial, la primera ministra de Alberta y líder del Partido Conservador Unido, Danielle Smith, calificó la resolución de «antidemocrática» y anunció un drástico cambio de estrategia política. A través de un mensaje televisado, Smith confirmó que en el mes de octubre se llevará a cabo una consulta popular para que la ciudadanía decida si la provincia —estratégica por sus masivas reservas de petróleo— debe continuar dentro del país o activar los mecanismos legales para iniciar negociaciones de separación.
Analistas políticos locales sugieren que la mandataria provincial promueve esta votación para apaciguar las presiones internas de las facciones más radicales de su propio partido.
Por su parte, el primer ministro de Canadá, el liberal Mark Carney, intervino públicamente desde Ottawa para defender la unidad nacional y poner paños fríos a la confrontación institucional. El jefe de Gobierno, quien es originario de la propia provincia de Alberta, respaldó la validez de que las distintas regiones promuevan mecanismos de participación ciudadana, pero enfatizó que cualquier consulta de índole separatista debe ajustarse estrictamente a las normativas de la Ley de Claridad. Asimismo, Carney recordó que, conforme a los dictámenes de la Corte Suprema, ninguna provincia puede declarar la secesión de forma unilateral.
A fin de contener el conflicto y responder a los históricos reclamos económicos regionales, el Ejecutivo federal ratificó su compromiso de avanzar junto con la administración de Alberta en proyectos de infraestructura clave, como la construcción de un nuevo oleoducto hacia la costa del Pacífico.
El ministro de Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc, aseguró que se mantienen canales de diálogo abiertos con el Gobierno provincial para reducir la polarización.
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