La Corte Suprema de Justicia designó por unanimidad al abogado Eduardo Velázquez como nuevo juez penal de etapa intermedia. Tras su nombramiento, el magistrado afirmó que asume el desafío con experiencia y conocimiento del sistema judicial, luego de haber trabajado durante casi ocho años en el fuero penal ordinario.
En su visita a Radio 1000, Velázquez recordó que hasta el año 2022 se desempeñó en los 12 juzgados de garantías de la Capital, experiencia que, según señaló, le permitió conocer de cerca la dinámica y las exigencias de la jurisdicción penal.
«Estoy ocupando un cargo que pertenecía a un magistrado de Sentencia que se jubiló y que permanecía vacante desde hace tiempo. A lo largo de los años hubo personas que dejaron la magistratura por la puerta grande, y ese es un ejemplo que debemos seguir«, expresó.
Asimismo, explicó que pasó a integrar el cuadro de magistrados especializados tras la renuncia de Mario Bobadilla, quien ingresó al sistema de justicia junto con él, fue confirmado en el cargo en 2021 y posteriormente optó por dedicarse al ejercicio privado de la profesión.
Velázquez aseguró que la ciudadanía encontrará en él a un funcionario comprometido con la honestidad, la integridad y el respeto a la ley. También prometió actuar con celeridad en la resolución de los casos sometidos a su jurisdicción.
«No existe morosidad en el fuero penal. Las cuestiones incidentales tienen plazos de hasta tres días hábiles, pero en general las decisiones se adoptan de manera inmediata, especialmente en los juzgados de garantías. Conozco el volumen y la intensidad del trabajo que implica un juzgado penal de la Capital, donde ingresan causas de gran relevancia y exposición pública«, manifestó.
El nuevo magistrado sostuvo que su prioridad será garantizar la igualdad ante la ley y el respeto al debido proceso. «Estamos en un Estado social de derecho, donde gobernantes y gobernados deben someterse por igual a la ley. La ley es la misma para todos«, enfatizó.
Velázquez también destacó la importancia de contar con una visión amplia del proceso penal. En ese sentido, señaló que su experiencia en la Defensoría Pública le permitió comprender no solo las garantías del procesado, sino también los requisitos que debe reunir una acusación para sostenerse jurídicamente.
«La Defensoría enseña a analizar si una acusación cuenta con elementos probatorios suficientes para respaldar los hechos atribuidos. Cuando eso no ocurre, no puede destruirse la presunción de inocencia de la que gozan todos los ciudadanos«, explicó.
Finalmente, remarcó que los magistrados deben mantener criterios uniformes y coherentes a lo largo del tiempo, independientemente de quién ejerza la defensa de una persona procesada.
«No puede existir una justicia para quienes cuentan con defensa pública y otra para quienes tienen defensa privada. Eso no sería justicia, sino selectividad«, concluyó.
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