El abogado, exsenador y analista político Adolfo Ferreiro cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra la resolución del Senado que dispuso su pérdida de investidura.
En entrevista con Radio 1000, Ferreiro afirmó que el debate público se ha centrado en las consecuencias del caso y no en las causas que lo originaron. A su criterio, la discusión de fondo radica en si el Congreso tiene facultades para expulsar a uno de sus miembros, algo que, según sostuvo, está prohibido por el sistema constitucional paraguayo.
“El problema es que se está intentando justificar algo que no se puede hacer. Cuando se creó la Justicia Electoral y se diseñó el actual sistema constitucional, se establecieron mecanismos para proteger la representación popular y evitar que una mayoría circunstancial pudiera excluir a un legislador por razones políticas”, manifestó.
El exsenador argumentó que la Constitución contempla causales para la pérdida de investidura, pero aclaró que estas no equivalen a una expulsión decidida por una cámara legislativa. Según explicó, la pérdida de investidura debe ser consecuencia de hechos acreditados por instancias externas al Congreso.
En ese sentido, mencionó como ejemplos la incapacidad mental sobreviniente, que requeriría una evaluación médica y la intervención de la Corte Suprema, o la falta de alguno de los requisitos constitucionales para ejercer el cargo, situaciones que deberían estar respaldadas por decisiones judiciales.
Asimismo, sostuvo que causales como el uso indebido de influencias o el mal desempeño de funciones exigen procesos legales previos. “Si se trata de hechos que constituyen delitos, corresponde el desafuero para que actúe la Justicia y no una decisión política de expulsión”, indicó.
Ferreiro calificó lo ocurrido como un grave deterioro institucional y aseguró que existió una coincidencia política amplia en torno a una interpretación que, a su juicio, vulnera principios fundamentales del orden constitucional.
“Estamos operando de una manera que destruye el sistema institucional. Hubo una especie de unanimidad para avanzar sobre garantías que fueron diseñadas precisamente para proteger la representación popular”, expresó.
Finalmente, el analista advirtió sobre lo que considera una creciente desvalorización del conocimiento jurídico y del debate institucional en la sociedad paraguaya. Según afirmó, la salida a la crisis debe construirse mediante acuerdos políticos que permitan restablecer el respeto a las reglas constitucionales.
“Mientras no salgamos de este proceso de deterioro institucional, al país le irá mal. La solución debe encontrarse a través del diálogo y de acuerdos que permitan recomponer el sistema”, concluyó.
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