El veredicto de la Corte Suprema de Justicia que sepultó la posibilidad de retorno de la exsenadora Kattya González a la Cámara Alta resabios en el Congreso Nacional. Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el senador independiente Eduardo Nakayama arremetió con dureza contra la Sala Constitucional, afirmando de manera tajante que la máxima instancia judicial «abdicó de su rol de guardiana de la Constitución Nacional» al convalidar una expulsión ejecutada con apenas 23 votos, ignorando que el propio reglamento interno del Senado exigía una mayoría calificada de 30 adhesiones.
El legislador opositor centró su descargo en la figura del presidente de la Corte y preopinante del fallo, Alberto Martínez Simón. El ministro argumentó en la resolución que la normativa de los 30 votos (Resolución 429/23) no se encontraba vigente en febrero de 2024 —momento de la destitución— bajo la tesis de que el acta de la sesión anterior en la que se aprobó dicho reglamento aún no había sido refrendada formalmente por el pleno. “Pero qué pelotudez, pero qué disparate mayúsculo que decís, Martínez Simón”, exclamó indignado el parlamentario desde su banca, acusando al magistrado de inventar una regla jurídica ficticia y sin ningún sustento en la práctica legal del país.
Nakayama alertó a sus pares sobre los efectos sistémicos que generaría sostener el criterio de vigencia expuesto por el titular del Poder Judicial. Explicó que, si las decisiones parlamentarias solo cobraran validez legal tras la aprobación diferida de sus respectivas actas en sesiones posteriores, quedarían bajo total incertidumbre jurídica numerosas normativas ya promulgadas por el Poder Ejecutivo, incluyendo leyes recientes de alto impacto como «Hambre Cero», la creación de la Superintendencia de Jubilaciones o incluso las designaciones de las propias mesas directivas del Congreso.
Posteriormente, en un encuentro con periodistas en los pasillos de la Cámara Alta, el senador ratificó que la actuación de Martínez Simón es «lamentable» y aseguró que el ministro «mató su carrera jurídica para arrodillarte y cumplir una orden».
La vehemente reacción legislativa se a después de conocerse el dictamen de la Corte que rechazó la acción de inconstitucionalidad promovida por la defensa de González, clausurando de manera definitiva la vía jurisdiccional ordinaria.
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