Un Tribunal de Sentencia dictó una condena de cinco años de pena privativa de libertad para Héctor Iván Grau Arroyo tras hallarlo culpable del hecho punible de lesión grave. La resolución, dada a conocer esta siesta tras un extenso juicio oral y público, castiga la brutal y «gratuita» agresión que sufrió el joven Benjamín Zapag (entonces de 18 años) el 6 de noviembre de 2022 en los baños de la discoteca Morgan Warehouse, ubicada en el barrio Villa Morra de Asunción.
El colegiado —presidido por la jueza Laura Ocampo e integrado por los magistrados Cándida Fleitas y Fabián Weisensee— concluyó por unanimidad que quedó plenamente probada la autoría de Grau en la golpiza. Al fundamentar la sentencia, la jueza Ocampo fue tajante al calificar la gravedad del ataque: “Estamos en presencia de una lesión grave porque la víctima no pudo usar su cuerpo. Su rostro no quedó desfigurado porque sus padres corrieron y estaban en condiciones de pagar”, manifestó la magistrada, haciendo alusión a que los golpes prácticamente «curuvicaron» la estructura ósea del rostro de la víctima.
Uno de los elementos testificales más determinantes para el Tribunal fue la declaración de Milciades Ocampos, el conductor de la plataforma de transporte que trasladó a Héctor Grau y sus amigos tras retirarse del local nocturno. El testigo relató que, durante el viaje, el ahora condenado se vanaglorió abiertamente del ataque frente a sus acompañantes celebrando con la frase: “Le rompimos la cara”. Para los jueces, esto demostró que el rugbista —quien en ese momento integraba la Selección Paraguaya de Rugby— sabía perfectamente lo que había hecho y actuó con total conciencia.
En el plano médico, la junta técnica liderada por el odontólogo Juan Carlos Zárate detalló el calvario que vivió el hijo del empresario Raúl Zapag. El especialista explicó en el juicio que la víctima sufrió fracturas con severas implicancias estéticas y funcionales, requiriendo entre 45 y 60 días para una recuperación inicial. Para reconstruir el hueso malar —clave para dar forma a la cara, proteger el ojo y permitir la masticación—, los cirujanos maxilofaciales debieron implantarle de urgencia una placa de titanio y una malla protectora.
La situación legal del otro involucrado en el caso, Marcello Giovanni Fretes Laterra, se encuentra en un limbo jurídico a las resultas de lo que dictamine la máxima instancia judicial. Inicialmente, Fretes Laterra —sindicado como la persona que acorraló y bloqueó la salida a Benjamín Zapag para que Grau pudiera ejecutar los golpes— había obtenido un sobreseimiento definitivo por parte de la jueza Cynthia Lovera, tras un polémico dictamen de la fiscala adjunta Lourdes Samaniego.
Sin embargo, el Tribunal hizo lugar a un recurso planteado por los abogados querellantes de la familia Zapag, anulando dicho sobreseimiento en primera instancia y ordenando una nueva audiencia preliminar. Para frenar este retroceso procesal, la defensa de Fretes Laterra planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, lo que mantiene suspendida su audiencia de forma provisional. Hacia el cierre de la lectura del fallo, la jueza Laura Ocampo se dirigió directamente al condenado Grau con un mensaje de reflexión: “Grau, esto te va a servir para que encamines tu vida (…). Esta es tu oportunidad para reivindicarte, no con la sociedad, sino contigo mismo; vos te tenés que pedir perdón”, sentenció.
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