Las autoridades del Instituto de Previsión Social convocaron a una conferencia de prensa para brindar explicaciones oficiales tras el grave caso de supuesta mala praxis ocurrido en el Hospital Ingavi, donde a una paciente se le extirpó la mama izquierda a pesar de tener un diagnóstico documentado de cáncer en la mama derecha. Los directivos de la previsional reconocieron la existencia de fallas sistémicas, anunciaron la remoción completa del equipo médico encargado y confirmaron el inicio de un sumario administrativo.
La doctora Irene Benítez, coordinadora de la Gerencia de Salud, detalló que tras un análisis interno se detectaron debilidades críticas en toda la cadena de control del procedimiento. «Hubo errores en la cadena que se pudieron verificar. Algunas debilidades se basan en la comunicación en el prequirúrgico, en el control durante el procedimiento y al término», precisó. Benítez explicó que la paciente sufrió una crisis hipertensiva en el quirófano, lo que desvió el enfoque de los profesionales médicos. Asimismo, admitió que, si bien los manuales y protocolos quirúrgicos están escritos, «falta aplicarlos», por lo que se digitalizarán y blindarán las fichas médicas con herramientas informáticas inalterables para evitar la modificación de datos.
Auditoría fulminante y responsabilidades personales
El director de Auditoría Interna del IPS, Walter Laguardia, reveló que ya cuentan con un borrador de informe de 59 páginas que contiene 29 observaciones de irregularidades, cuyas conclusiones coinciden plenamente con los hallazgos de la Superintendencia de Salud. Por su parte, el doctor Derlis León, gerente de Salud, enfatizó que la institución ya tomó las primeras medidas correctivas inmediatas, procediendo a la renovación completa de todo el personal del Departamento encargado y la designación de una nueva jefatura.
León fue tajante al señalar que la previsional no apañará negligencias. «Es importante entender que las responsabilidades son personales; para eso, el presidente ha indicado que esto sea sujeto de sumario administrativo», puntualizó, aunque añadió que en la práctica médica global «existe, lastimosamente, un margen de error» y que trabajarán para reducirlo al mínimo. El IPS ya presentó un plan de mejoras por escrito con metas semanales y mensuales para ajustar los mecanismos de validación preoperatoria y la pausa quirúrgica obligatoria (time out), elementos que fueron completamente omitidos por el equipo médico según la auditoría previa.
Sumario de 60 días y eventual proceso penal
La situación jurídica de los médicos intervinientes se torna cada vez más compleja. El director Jurídico del IPS, abogado Pablo Morínigo, informó que el proceso sumarial para determinar formalmente los grados de responsabilidad ya está en pleno curso y tendrá una duración de 60 días hábiles. El objetivo principal es deslindar cómo se desarrollaron los hechos y si los protocolos vigentes eran suficientes o fueron deliberadamente ignorados.
Morínigo confirmó además que el caso ya se encuentra bajo la lupa del Ministerio Público debido a la existencia de una denuncia penal por la mutilación errónea. «Los responsables se podrían enfrentar a un proceso penal que tiene sanciones; el tipo penal está por determinarse», advirtió el asesor legal. Este pronunciamiento institucional se da en un momento de extrema tensión, mientras la Superintendencia de Salud analiza, como medida preventiva urgente, la suspensión temporal de todas las cirugías en el Hospital Ingavi para resguardar la seguridad de los asegurados.
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