La senadora nacional Celeste Amarilla se refirió al proceso de recepción de candidaturas para la elección del próximo contralor y subcontralor general de la República, y opinó sobre la eventual reelección de Camilo Benítez en el cargo.
En entrevista, la legisladora señaló que existen posturas dentro de la oposición que rechazan una posible continuidad de Benítez, e incluso mencionó la existencia de versiones sobre un supuesto acuerdo político para su permanencia.
Amarilla sostuvo que, más allá de la posibilidad legal de una reelección, es necesario analizar el alcance de las normas constitucionales y la trayectoria del actual contralor. En ese sentido, afirmó que su percepción sobre la gestión de Benítez ha cambiado con el tiempo.
Indicó que inicialmente valoraba positivamente su desempeño, pero que posteriormente considera que el contralor ha adoptado una postura más cercana al Poder Ejecutivo, lo que —a su criterio— afecta la independencia del órgano de control.
“La sensación que queda es que fue volviéndose más obediente al Gobierno, y un contralor no debe obedecer, debe controlar”, expresó la senadora, al señalar que esta situación genera preocupación tanto en sectores políticos como en la ciudadanía.
Consultada sobre si el cargo debería ser ocupado por un representante opositor, Amarilla respondió afirmativamente, argumentando que la figura del contralor debe ejercer un rol de contrapeso frente al gobierno de turno.
La legisladora recordó que históricamente, según acuerdos políticos no formalizados en la Constitución pero sí aplicados de manera consuetudinaria, ciertos cargos de control han sido ocupados por representantes de partidos de oposición, con el objetivo de garantizar equilibrio institucional.
En ese contexto, sostuvo que la permanencia de Benítez en el cargo más allá del periodo inicial habría modificado esa práctica, y consideró que la alternancia en la Contraloría es necesaria para preservar la independencia del órgano.
Finalmente, Amarilla insistió en la importancia de que la Contraloría General de la República mantenga su autonomía frente al poder político, a fin de asegurar un control efectivo de la gestión pública.
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