El diputado colorado Hugo Meza anunció que el presidente de la República, Santiago Peña, prevé emitir un decreto con un incremento del salario mínimo legal que superará con creces la propuesta técnica recomendada por el sector empresarial y la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasam). Según las declaraciones vertidas por el legislador de Cordillera, el mandatario le confirmó, previo a su viaje a los Estados Unidos, que él mismo se encargará de fijar la nueva cifra al margen del órgano consultivo tradicional, debido a su profundo desacuerdo con el mecanismo de cálculo que se utiliza actualmente para actualizar el ingreso básico de los trabajadores.
Meza calificó de «burla permanente» los ajustes anuales que se venían realizando y que históricamente se alejaban de la realidad del sector obrero. Si bien el parlamentario aclaró que no busca restarle protagonismo ni «robarle la primicia» al jefe de Estado, adelantó ante los medios de comunicación que el nuevo monto final estará “sorprendentemente cerca” de las pretensiones impulsadas por las centrales obreras, quienes exigen un aumento del 20% (aproximadamente G. 579.000 o G. 647.021), planteando incluso la viabilidad de aplicarlo de forma fraccionada en dos etapas.
El debate actual se mantenía trancado debido a las posturas contrapuestas de la mesa técnica de negociación. Por un lado, los gremios de empleadores exigían ceñirse estrictamente al Índice de Precios al Consumidor general del 2,4% reportado por el Banco Central del Paraguay (BCP), lo que implicaba una suba de apenas G. 60.000 o G. 69.000, elevando el piso actual de G. 2.899.048 a cerca de G. 2.968.625. No obstante, el legislador recordó que la propia ministra de Trabajo, Mónica Recalde, había aclarado un mes atrás que el marco legal del Código Laboral (artículos del 249 al 259) estipula que el salario se define «sobre la base» del IPC, pero no de manera «exclusiva», abriendo una ventana jurídica legítima para negociar por encima del porcentaje de inflación si la coyuntura económica del jefe de familia así lo amerita.
Ante las críticas y advertencias sobre una inminente escalada de precios en la canasta básica familiar a raíz de esta medida, el vicepresidente de la Cámara de Diputados descartó de plano que se trate de una maniobra populista, defendiéndola como un acto de justicia social ante la pérdida del poder adquisitivo. Añadió que las instituciones de control, tales como la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), deberán intervenir firmemente para monitorear el mercado y evitar abusos especulativos, considerando que el Estado no puede fijar precios. Asimismo, sugirió que se debería revisar a la baja la tarifa de los combustibles aprovechando la estabilización de los valores en el mercado internacional, como otra medida de alivio para el bolsillo ciudadano.
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