El gobierno italiano encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni emitió una réplica formal ante las exigencias formuladas por el Ejecutivo español, el cual había otorgado un plazo que vencía el domingo 9 de agosto para el levantamiento de los controles fronterizos aéreos y marítimos. Desde el Palazzo Chigi manifestaron de forma contundente que la administración italiana no acepta ultimátums ni intromisiones externas en asuntos referidos a la seguridad nacional y al resguardo de sus fronteras, confirmando que la aplicación del marco de libre circulación para pasajeros provenientes de España permanecerá suspendida al menos hasta el próximo 15 de agosto.
La justificación manifestada por la representación italiana radica en el riesgo potencial de nuevas olas de ingresos irregulares en la ciudad autónoma de Ceuta, tras el episodio que registró la entrada masiva de miles de migrantes semanas atrás. Según las autoridades de Roma, los controles aleatorios sobre la documentación de los viajeros se mantendrán vigentes hasta que se descarte totalmente cualquier amenaza o riesgo de desplazamiento no autorizado hacia el resto del continente europeo. La medida adoptada unilateralmente por el Gabinete de Meloni ha generado una profunda preocupación sobre el funcionamiento de las normativas comunitarias del espacio Schengen en plena temporada estival de alta movilidad turística.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, desestimó los argumentos presentados por la administración italiana, calificando la decisión de «injustificada, discriminatoria y contraria a los intereses de la Unión Europea». Desde la diplomacia española enfatizaron que la situación migratoria en Ceuta se encuentra completamente canalizada, recordando que el régimen especial del enclave impide el libre tránsito directo hacia la península o hacia otros países miembros y que la gran mayoría de los migrantes ya fueron devueltos a Marruecos.
Asimismo, la representación española remarcó que, de no producirse una rectificación formal, el gabinete del presidente Pedro Sánchez se verá obligado a aplicar medidas proporcionales en defensa de los intereses de sus ciudadanos.
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