El fiscal Christian Benítez explicó los criterios técnicos que llevaron a la representación del Estado a fundamentar una sanción penal de 12 años de reclusión para el exsenador. El agente sostuvo que no se trata de una conducta aislada, sino de una serie de actuaciones ilícitas continuadas en el tiempo que vulneraron la credibilidad de las instituciones públicas y afectaron directamente el orden constitucional.
Benítez enfatizó el impacto institucional que representó el paso de Rivas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano encargado de sancionar y remover a jueces, fiscales y defensores públicos. «Imagínense lo que es para todo el sistema de justicia que una persona que no es abogada sea quien justamente esté encargada de juzgar e inclusive presidir el órgano encargado constitucionalmente para sancionar. Si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, ¿cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave?», cuestionó el agente fiscal.
Por su parte, la fiscal Patricia Sánchez se refirió a las solicitudes de investigación paralela planteadas ante el tribunal de sentencia, haciendo especial hincapié en la actuación de una funcionaria del Ministerio de Educación y Ciencias. Sánchez indicó que se pidió remitir los antecedentes por la supuesta comisión del hecho punible de frustración de la persecución penal, debido a la falta de respuestas claras y la reticencia mostrada por la testigo durante la fase de declaraciones del juicio oral.
Los agentes del Ministerio Público coincidieron en que el caso concierne de manera directa al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, configurando uno de los episodios de vulneración institucional de mayor gravedad en el ámbito de la justicia. La representación fiscal concluyó reafirmando que la medición de la pena refleja la magnitud del daño provocado a la fe pública y al ejercicio de la magistratura en el país.
El tribunal de sentencia dará inicio a la fase de deliberaciones tras la presentación de los alegatos de la defensa técnica, para posteriormente dar a conocer el veredicto en relación con los pedidos formulados por los acusadores.
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