El abogado Guillermo Ferreiro, representante legal del exintendente de Asunción Mario Ferreiro, cuestionó la falta de avances en una denuncia presentada por el caso conocido como «asado del fin de semana» hace seis años y acusó al Ministerio Público de mantener la causa sin movimiento pese a la existencia de elementos probatorios que, según sostiene, justificarían diligencias investigativas.
En entrevista con Radio 1000, el profesional señaló que recientemente acudió a la sede fiscal aprovechando una convocatoria realizada a Mario Ferreiro para declarar en otra causa vinculada al caso Metrobús, en la que se encuentra imputado el exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens.
Según relató, durante esa visita consultó sobre el estado de la denuncia impulsada por su representado y expresó su preocupación por la demora en la tramitación del expediente.
“El urgimiento ya fue presentado hace tiempo. Lo que nos preocupa es que esta causa sigue sin avances después de seis años”, afirmó.
Ferreiro criticó particularmente la actuación de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), a la que acusó de aplicar criterios selectivos en el tratamiento de las investigaciones. Sostuvo que, pese al tiempo transcurrido, las personas denunciadas nunca fueron convocadas a prestar declaración indagatoria.
Asimismo, cuestionó la labor de la fiscala encargada del caso, Verónica Valdez, señalando que algunas diligencias habrían sido realizadas con varios años de retraso.
El abogado reiteró la postura de la defensa de que la causa que derivó en la salida de Mario Ferreiro de la Intendencia de Asunción fue impulsada con fines políticos.
“No solo se buscó apartar a Mario Ferreiro de la Municipalidad, sino que se construyó una causa en su contra”, sostuvo, apuntando directamente al sociólogo y conductor radial, Camilo Soares, como responsable del montaje.
Ferreiro afirmó además que una eventual profundización de las investigaciones podría derivar en la revisión de evidencias y dispositivos electrónicos ya incorporados a otros procesos, lo que, a su criterio, permitiría esclarecer responsabilidades de distintos actores políticos.
En ese contexto, manifestó que existen elementos que, de ser analizados en profundidad, podrían tener repercusiones relevantes en el ámbito político y judicial.
Finalmente, advirtió que, en caso de persistir la falta de avances en la investigación, la defensa evaluará recurrir a instancias internacionales. También sostuvo que los funcionarios que eventualmente hayan omitido impulsar diligencias podrían enfrentar responsabilidades legales si se comprobara algún tipo de encubrimiento o irregularidad en la tramitación del expediente.
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