El Ministerio de Justicia informó este lunes la culminación del Operativo Umbral 3.5, un despliegue interinstitucional que permitió trasladar a 618 personas privadas de libertad y completar la separación entre personas condenadas y procesadas en el Centro Nacional de Prevenidos (ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú) y en el Centro de Prevenidos de Ciudad del Este.
Durante una conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó que la intervención constituye la continuidad del Operativo Umbral 3.0, mediante el cual la ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú fue reconvertida en un establecimiento destinado exclusivamente a personas con procesos judiciales pendientes.
Del total de traslados realizados, 403 personas privadas de libertad con condena firme fueron derivadas desde el Centro Nacional de Prevenidos al Centro de Reinserción Social «Martín Mendoza», en Emboscada, mientras que otras 215 fueron trasladadas desde el Centro de Prevenidos de Ciudad del Este al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.
Con estas reubicaciones, ambas dependencias pasan a albergar exclusivamente a personas procesadas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Nacional, que dispone la separación entre procesados y condenados.
Amplio despliegue de seguridad
El operativo fue coordinado por el Ministerio de Justicia y el Consejo de Defensa Nacional (CODENA), con la participación del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Para la ejecución fueron utilizados 24 ómnibus de traslado y se movilizaron 420 efectivos de la Policía Nacional, 182 militares de las Fuerzas Armadas y 137 funcionarios administrativos y de seguridad del Ministerio de Justicia. Además, más de un centenar de agentes penitenciarios participaron directamente en los procedimientos dentro de los establecimientos.
El dispositivo también contó con el apoyo de 85 profesionales de la salud del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, quienes realizaron controles médicos antes y después de cada traslado. Asimismo, ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) permanecieron en alerta durante todo el operativo.
Las autoridades señalaron que el procedimiento se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad y con resguardo de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, sin que se registraran incidentes.
Nuevo modelo penitenciario
Nicora sostuvo que la reorganización permitirá fortalecer el control dentro de las cárceles, mejorar la seguridad y desarrollar con mayor eficacia los programas de reinserción social.
«Este resultado significa mayor seguridad para la ciudadanía, mayor control del sistema penitenciario y la posibilidad de separar a quienes buscan reinsertarse de aquellos perfiles de alta peligrosidad que enfrentarán toda la firmeza del Estado», afirmó.
El ministro agregó que, tras los recientes operativos de reorganización, el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú alcanza cerca del 90 % de su capacidad, mientras que el Centro «Martín Mendoza» de Emboscada se encuentra ocupado en aproximadamente un 80 %.
Riera plantea ampliar el uso de tobilleras electrónicas
Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, destacó que el trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia busca reducir los delitos que se planifican desde las cárceles, como las extorsiones telefónicas, mediante la incorporación gradual de escáneres, detectores de metales e inhibidores de señal.
Asimismo, anunció que el Gobierno impulsa una mayor utilización de tobilleras electrónicas y de la prisión domiciliaria para personas imputadas por delitos menores.
Según explicó, actualmente existen alrededor de 8.000 policías destinados a custodiar personas con arresto domiciliario, una tarea que podría reducirse mediante el monitoreo electrónico. Recordó además que el Estado dispone de 1.000 tobilleras electrónicas y señaló que su implementación permitiría liberar miles de efectivos para reforzar las tareas preventivas y operativas de la Policía Nacional.
Las autoridades sostienen que el Operativo Umbral 3.5 representa un nuevo paso en el proceso de modernización del sistema penitenciario y en la consolidación del nuevo modelo de gestión impulsado por el Gobierno.
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