El concejal de Asunción, Álvaro Grau, criticó la decisión de la Junta Municipal de no remitir a la Contraloría General de la República (CGR) el informe de gestión correspondiente al primer cuatrimestre de la administración del intendente Luis Bello, al considerar que la medida limita los controles y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
En entrevista con Radio 1000, Grau señaló que la Comisión de Hacienda había dictaminado a favor del envío de la documentación para que la Contraloría iniciara una auditoría durante el ejercicio fiscal y no recién al cierre del año.
El edil sostuvo que la administración municipal debe someterse a controles permanentes, especialmente tras la intervención a la Municipalidad de Asunción. En ese sentido, afirmó que el informe elaborado por el interventor identificó numerosas irregularidades que, a su criterio, aún no fueron corregidas.
«Lo que vemos es que las mismas prácticas siguen. Hay que abrir las puertas a la transparencia y permitir que la Contraloría audite lo que está ocurriendo ahora, sin esperar a fin de año», expresó.
Grau afirmó que la propuesta de remitir el informe fue devuelta a comisión luego de generar diferencias entre los concejales, lo que atribuyó a la resistencia de algunos sectores a que el órgano de control realice auditorías de manera anticipada.
El concejal también denunció presuntas irregularidades en un proceso de compra directa de camiones recolectores de basura por aproximadamente G. 15.000 millones. Según indicó, el pliego de bases y condiciones habría incluido especificaciones técnicas que favorecerían a determinadas marcas, restringiendo la competencia entre oferentes.
Explicó que una de las exigencias hacía referencia a un sistema de frenos patentado por una empresa específica, mientras que otro lote contemplaba características técnicas que, según dijo, solo cumplía una marca determinada, lo que consideró un direccionamiento de la adjudicación.
Asimismo, cuestionó la intención de ampliar por unos G. 6.000 millones el contrato de alquiler de camiones recolectores, pese a que —según afirmó— existen denuncias sobre supuestos incumplimientos en la prestación del servicio.
Grau manifestó que continuará investigando posibles vínculos entre las empresas beneficiadas y un dirigente sindical, aunque aclaró que aún no cuenta con elementos suficientes para identificar públicamente al presunto involucrado.
Finalmente, lamentó el estado de la infraestructura de la capital y sostuvo que la ciudadanía sigue padeciendo las consecuencias de una administración deficiente, con calles deterioradas, plazas abandonadas y problemas en el sistema de recolección de residuos.
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