La ciudad autónoma de Ceuta quedó al borde del colapso institucional y de seguridad tras la entrada masiva de más de 20.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos, de acuerdo con las estimaciones de los sindicatos policiales de España. La avalancha humana desbordó los dispositivos de la Guardia Civil a lo largo de la frontera del Tarajal, permitiendo el ingreso indiscriminado de personas a pie y a nado en una jornada crítica que dejó al menos nueve fallecidos en el mar. Las autoridades locales denunciaron que la marea migratoria pone en jaque directo la integridad territorial y la soberanía del Estado, obligando al Gobierno central a ordenar el despliegue de unidades del Ejército para intentar frenar la marea humana y reforzar los controles fronterizos.
La gravedad de la crisis provocó duras condenas a nivel internacional hacia la política de fronteras abiertas promovida por el Palacio de la Moncloa. Desde Estados Unidos, la Casa Blanca atribuyó de forma directa la invasión fronteriza a las políticas globalistas y de extrema izquierda implementadas por España, advirtiendo a las naciones europeas que la facilitación de la migración masiva amenaza su propia existencia como Estados soberanos. En la misma línea, el Gobierno de Italia planteó formalmente suspender el espacio Schengen con territorio español al considerar que la falta de firmeza en el control de las fronteras sureñas representa una amenaza directa para la seguridad del continente europeo.
Pese a que las autoridades de Ceuta solicitaron de forma urgente la declaración de emergencia nacional para establecer un mando único que disponga medidas contundentes, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez rechazó de plano la petición al argumentar cuestiones de encuadre legal. La negativa del Ejecutivo central mantiene en un estado de absoluta saturación los centros de acogida de menores y adultos, cuyas capacidades operativas se encuentran sobrepasadas en más de un 200%. Frente a los llamados a modificar la Ley de Extranjería para permitir devoluciones inmediatas y frenar el «efecto llamada», la administración central optó por limitar su respuesta a despliegues de refuerzo de la seguridad y negociaciones para la devolución de los ingresados.
Mientras el presidente del Gobierno defendió en redes sociales que la prioridad del Estado es la recuperación de la normalidad y la cooperación internacional, la Junta de Portavoces de la Asamblea ceutí censuró la pasividad demostrada por las instituciones de la capital. La conmoción por las imágenes de columnas de personas cruzando sin control por las playas ha intensificado la indignación de la ciudadanía ante la vulnerabilidad de las fronteras. Frente al deterioro de la seguridad pública, los sectores descontentos exigen la rectificación inmediata de las políticas migratorias y el restablecimiento del orden constitucional en el enroque fronterizo.
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