El Ministerio Público ejecuta este lunes una serie de allanamientos simultáneos en el departamento de Misiones, en el marco de la Operación «YIDA Transfronterizo», que investiga a una presunta organización criminal dedicada a estafas mediante sistemas informáticos, lavado de activos y asociación criminal.
Los procedimientos son encabezados por las agentes fiscales Ruth Karina Benítez y Diana Gómez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, en coordinación con el Departamento Especializado contra los Hechos Punibles Financieros y el Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional.
Según la investigación, la estructura operaba con ramificaciones internacionales y captaba a sus víctimas mediante falsas ofertas de trabajo remoto difundidas en redes sociales y plataformas de mensajería.
El esquema consistía en ofrecer elevados ingresos por supuestas tareas digitales relacionadas con la calificación de productos destinados al mercado chino. Una vez incorporadas a la plataforma, las víctimas eran inducidas a realizar transferencias de dinero a cuentas administradas por operadores locales. Posteriormente, esos fondos eran convertidos a la criptomoneda USDT y enviados a billeteras digitales controladas por la organización en el extranjero, dificultando el rastreo del dinero.
Además, cuando las personas intentaban retirar las supuestas ganancias, los administradores bloqueaban el acceso a los fondos y exigían nuevos pagos bajo el argumento de impuestos o comisiones, consolidando así el fraude.
Hasta el momento, la investigación identificó a más de 60 víctimas directas, con un perjuicio económico inicialmente acreditado de G. 605.468.213. Sin embargo, el análisis de la evidencia digital y de los movimientos de criptoactivos permitió detectar operaciones por más de USD 3 millones en USDT, equivalentes a más de G. 22.000 millones. Los investigadores estiman que la organización podría haber afectado a más de 2.000 personas en todo el país.
Como parte de la causa, el Ministerio Público obtuvo 25 órdenes de captura y cuatro órdenes de allanamiento contra quienes serían los principales operadores locales de la estructura criminal.
Entre los principales investigados figuran Carlos Ramón Segovia Báez, Jhonathan Marcelo Segovia Báez, Jorge Rodríguez Morel y Néstor Manuel Galeano Martínez, quienes cuentan con órdenes de detención preventiva por su presunta participación en los hechos.
Las pericias forenses permitieron reconstruir el circuito financiero utilizado por la organización, establecer vínculos entre los operadores locales y las billeteras digitales matrices administradas desde el extranjero, además de detectar el uso de direcciones IP compartidas entre Paraguay y países de Asia, lo que refuerza la hipótesis de una organización criminal de carácter transnacional.
En paralelo, el Ministerio Público impulsa mecanismos de cooperación jurídica internacional para solicitar el congelamiento de cuentas y el embargo preventivo de las billeteras de criptomonedas utilizadas para canalizar el dinero obtenido mediante las estafas.
La investigación continúa y las autoridades no descartan nuevas diligencias ni la identificación de otros integrantes de la organización.
Finalmente, la Fiscalía exhortó a la ciudadanía a desconfiar de ofertas de empleo o inversiones que prometan ganancias extraordinarias a cambio de depósitos previos o transferencias de dinero, e instó a denunciar este tipo de hechos para evitar nuevas víctimas.
En entrevista con Radio 1000, la fiscal Diana Gómez explicó que la investigación se inició a partir de denuncias relacionadas con un esquema de inversiones fraudulentas en criptomonedas, conocido popularmente como una estafa piramidal, que operaba principalmente en la ciudad de San Ignacio, departamento de Misiones.
La agente del Ministerio Público señaló que este lunes se realizaron tres allanamientos para localizar a personas previamente identificadas en el marco de la investigación. Agregó que, hasta el momento, existen 62 víctimas denunciantes, con un perjuicio económico aproximado de G. 700 millones.
Respecto a los resultados del operativo, Gómez informó que inicialmente fueron detenidas tres personas. No obstante, indicó que la cifra podría aumentar, ya que al momento de la entrevista se aguardaba la actualización de los procedimientos en curso.
La fiscal explicó además que la investigación no se limita a las denuncias ya formalizadas, sino que también incluye el análisis de operaciones con criptoactivos para determinar si existen más afectados.
En ese sentido, precisó que las pesquisas se centran en la trazabilidad de operaciones realizadas a través de billeteras de la plataforma Binance, lo que permitió detectar movimientos por más de USD 3 millones en USDT, equivalentes a más de G. 22.000 millones. Sin embargo, aclaró que esa cifra corresponde al análisis financiero de la causa y no al perjuicio económico ya documentado de las 62 víctimas identificadas.
La representante del Ministerio Público evitó brindar mayores detalles sobre el avance de las diligencias para no comprometer la investigación, que continúa en desarrollo y no descarta la existencia de más víctimas ni nuevas detenciones.
Fuente: Ministerio Público
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