Un Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Adriana Planás e integrado por los magistrados Matías Garcete y Elsa García dictó condena contra el extitular de Petropar, Sergio Escobar Amarilla, fijando la sanción en tres años de prisión e imponiendo el pago de las costas procesales. Las fiscalas intervinientes, Elena Fiore y Silvia González Vester, habían solicitado cuatro años de penitenciaría para el procesado, cuya imputación original se remontaba a marzo de 2014.
La causa penal derivó de un contrato adjudicado en 2013 a la empresa MGA Constructora por Gs. 24.000 millones, destinado a la provisión, instalación y puesta en marcha bajo la modalidad «llave en mano» de equipos de electrificación para los molinos de la planta de Mauricio José Troche. De acuerdo con lo acreditado en la audiencia, Escobar suscribió dos adendas que incrementaron el anticipo del 30 % al 50 %, desembolsando unos Gs. 11.400 millones a favor de la contratista pese a que la firma no entregó los equipos en el plazo estipulado de 90 días.
El fallo judicial concluyó que la responsabilidad penal de Escobar se sustentó en su dolo eventual al omitir controles, abstenerse de intimar a la contratista y no ejecutar las pólizas de garantía para resguardar los fondos estatales antes de dejar el cargo en agosto de 2013. En contraposición, el tribunal dispuso la absolución total de Leoncio Saúl González, argumentando que sus funciones como exgerente eran estrictamente técnicas y carecían de la posición de garante o capacidad legal para rescindir contratos o disponer de recursos.
El tribunal ordenó mantener vigentes las medidas cautelares sobre el condenado hasta tanto la resolución adquiera firmeza de ejecutoria. Con este pronunciamiento de primera instancia concluye el juzgamiento de un expediente licitatorio que causó un daño cuantificado en unos Gs. 12.000 millones a las arcas de la petrolera estatal.
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