El proyecto de ley que declara en emergencia al Instituto de Previsión Social ingresó a su fase decisiva tras el acuerdo alcanzado entre parlamentarios de la Cámara de Senadores, técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas y autoridades de la previsional. El senador Natalicio Chase explicó que el texto original remitido por la Cámara de Diputados fue modificado casi en su totalidad para dotarlo de atribuciones específicas que permitan destrabar las principales carencias operativas de la entidad.
Entre los ejes centrales de la propuesta reestructurada se destaca la creación de una figura fiduciaria encargada de gestionar el cobro de la cartera de deudas judicializadas, monto que asciende a unos USD 1.600 millones. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el mecanismo proyecta recuperar alrededor del 24 % del total en su primer año de gestión, cuyos fondos ingresarán como Fuente 30 para ser destinados prioritariamente al pago de compromisos pendientes y a la compra masiva de medicamentos e insumos hospitalarios.
En materia de recursos humanos, la legislación autoriza de manera extraordinaria la contratación de hasta 1.000 colaboradores de blanco durante los próximos dos años para cubrir el déficit derivado de la adecuación de la carga horaria a 12 horas semanales. Para antes de fin de año se contempla la incorporación de 600 médicos y entre 150 a 200 enfermeras, habilitando además la vía de excepción para convocar a profesionales jubilados y extranjeros en caso de requerimiento.
Chase subrayó que se optó por modificar la propuesta legislativa en curso en lugar de presentar un expediente nuevo para acortar plazos y acelerar su entrada en vigencia. Tras ser evaluado y dictaminado por el Senado, el proyecto ajustado retornará a la Cámara de Diputados, donde se aguarda una rápida sanción para dar una respuesta inmediata a los asegurados del sistema de salud pública.
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